La Fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos contra dos profesionales de la salud del Valle Medio por el presunto delito de homicidio culposo, tras el fallecimiento de una paciente que había ingresado a un sanatorio privado con un cuadro que requería atención urgente.
La Fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos contra dos médicos del Valle Medio por el presunto delito de homicidio culposo, tras la muerte de una mujer de 86 años que había ingresado a un sanatorio privado con un cuadro que requería atención urgente.
Según la acusación, el hecho ocurrió entre el 24 y el 25 de agosto de 2025, cuando la paciente llegó a la guardia con dolor abdominal y signos de compromiso respiratorio. En ese contexto, la médica habría omitido realizar una evaluación clínica adecuada, prescindiendo de estudios básicos, desatendiendo signos de alarma y sin brindar un diagnóstico certero. Además, el médico cardiólogo que atendía a la paciente habría incumplido sus deberes profesionales al negarse, en al menos dos oportunidades, a evaluarla e intervenir en su tratamiento.
Para la fiscalía, ambos imputados omitieron brindar la asistencia médica necesaria conforme a los estándares exigidos por su profesión. Como consecuencia, la paciente no fue tratada de manera oportuna y su cuadro evolucionó hacia un paro cardiorrespiratorio, en un contexto de afección no diagnosticada. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que existe un nexo causal entre estas omisiones y el fallecimiento, en infracción a la “lex artis”, que regula la práctica médica.
La causa fue calificada como homicidio culposo en carácter de coautores, según los artículos 45 y 84 del Código Penal. Entre las pruebas se encuentran la denuncia realizada por la hija de la víctima, la historia clínica, entrevistas a personal del sanatorio y la intervención del Cuerpo de Investigación Forense.
Por su parte, la defensa pública indicó que presentará una teoría alternativa del caso, aunque no se opuso a la formulación de cargos. El juez de Garantías tuvo por formulada la imputación, fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y dispuso como medida cautelar que ambos acusados deberán informar cualquier cambio de domicilio o ausencias prolongadas de la localidad.