La nueva conducción del Partido Justicialista de Neuquén reunió por primera vez a su Consejo Provincial tras los comicios internos que consagraron a José Asaad como presidente, y definió lineamientos políticos y organizativos para la etapa que se abre en el espacio.
El encuentro se realizó el viernes pasado y permitió avanzar en la estructura interna del partido, con la designación de responsables en distintas secretarías políticas y técnicas, además de la definición de la apoderada legal. Las autoridades presentaron los ejes que guiarán la actividad partidaria en el corto y mediano plazo.
Después de la reunión, se comunicó que la nueva estructura del Partido Justicialista apunta a consolidar una organización con presencia territorial y capacidad de intervención en la realidad provincial. “Esta estructura buscará dotar al peronismo de una dinámica ágil y federal, capaz de dialogar con cada realidad local y de aportar cuadros técnicos y políticos comprometidos con el desarrollo neuquino”, indicaron.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue el rol de las localidades en la estrategia política. Las autoridades destacaron la necesidad de una mirada situada sobre cada región y plantearon la importancia de fortalecer la regionalización para mejorar la llegada de políticas públicas en todo el territorio provincial.
En ese contexto, se incluyeron definiciones vinculadas al contexto nacional y al posicionamiento del espacio. “Frente a un contexto nacional de ajustes y miseria para nuestro pueblo, el peronismo neuquino asume la responsabilidad de ser un actor central en la construcción de soluciones”, señalaron, junto a críticas al centralismo y a la concentración de decisiones fuera de la provincia.
El encuentro también formalizó la designación de autoridades del Partido Justicialista en las distintas áreas, con Miguel Lucero en la secretaría gremial, Paz Colobig en género y diversidad, Azul Dragone en juventud, Yulian Cid en prensa, Juan Domingo Linares en interior, Jorge Cano en economía, Florencio Pérez en sector público, Ángela Ortiz en educación, Sandra Luengo en salud, Santiago Fernández en asuntos indígenas y Provinda Hernández en gobierno, mientras que Mariana Tranamil fue designada como apoderada legal.