La formulación de cargos contra Luis Bertolini fue suspendida nuevamente en la Sala 12 de Ciudad Judicial. La defensa planteó nulidades y la jueza convocó a las partes para el martes.
La audiencia para la formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, volvió a postergarse este lunes en la Sala 12 de Ciudad Judicial de Neuquén. Fue la segunda vez que el proceso se dilató: la primera ocurrió el 13 de abril, cuando el jefe comunal presentó un certificado médico por un cuadro gastrointestinal.
La jueza de garantías Carina Álvarez decretó un cuarto intermedio tras los planteos de la defensa y convocó a las partes para el martes a las 8.30 horas. La fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero, imputó a Bertolini y a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, como coautores del delito de negociación incompatible con la función pública. También quedaron señalados como partícipes necesarios el hijo de Ramírez, Mauricio López, y el empresario Pedro Vilches.
Según la teoría del caso, Bertolini favoreció a las empresas Valco y Altus SA —vinculadas a Vilches— con 160 contratos adjudicados por un total de $2.309.989.093, sin licitación pública, sin concurso de precios y sin actas de recepción trazables. El intendente instruyó al área de Compras para que Vilches fuera convocado de manera sistemática y resultara ganador en cada proceso de contratación.
La investigación también recogió testimonios de empleados municipales que declararon sobre el cobro de comisiones de entre el 1,8% y el 2,1% para sostener al consorcio de Vilches como proveedor del municipio. Los pagos no se gestionaron por los canales electrónicos habituales, sino a través de llamadas telefónicas. En el domicilio de Bertolini, la fiscalía encontró una tarjeta de agradecimiento a las empresas del empresario. Durante el proceso se secuestraron 20 dispositivos electrónicos y se identificaron 92 transferencias a Vilches por un total de $1.500 millones.
La audiencia tropezó desde el inicio cuando la defensa advirtió que el puesto de Fiscalía de Estado estaba vacío. El abogado Javier Pino Muñoz planteó la nulidad del procedimiento: el artículo 136 de la Constitución provincial obliga a ese organismo a intervenir en todo proceso donde estén comprometidos fondos públicos. «Es una manda constitucional que hay que cumplir», argumentó el letrado, con respaldo en jurisprudencia provincial. La jueza Álvarez ordenó un cuarto intermedio y, minutos después, apareció Gustavo Kohon, apoderado de Fiscalía de Estado, con el legajo sin leer. El fiscal Vignaroli ironizó ante los periodistas presentes: «Me lo traje de los pelos». Kohon se constituyó como querellante y la audiencia retomó su curso.
El segundo planteo de la defensa tuvo mayor carga política. Pino Muñoz pidió la inconstitucionalidad del artículo 24 de la Ley 2893, que establece que un fiscal jefe solo puede ser apartado por el fiscal general mediante trámite administrativo, y exigió que Vignaroli quedara fuera del caso. Los defensores argumentaron que el fiscal intervino con declaraciones públicas en momentos clave de la vida institucional de Plottier con el fin de generar un «derrocamiento público». «El arquitecto Bertolini necesita un juicio objetivo que Vignaroli no le garantiza», afirmó Pino Muñoz ante la magistrada. El fiscal, por su parte, rechazó la estrategia y sostuvo que la comunicación de causas judiciales a los medios consolida el sistema democrático.
La jueza postergó su decisión sobre el apartamiento hasta el martes, por lo que la formulación de cargos volvió a quedar en suspenso. La continuidad de la audiencia está condicionada por la agenda de las partes: Vignaroli avisó que no estará disponible el martes por un viaje programado, mientras que los abogados Pablo Gutiérrez —defensor de Vilches— y Melina Pozzer —defensora de Ramírez y López— también tienen compromisos que los alejarán de Neuquén en los días siguientes.
Si la jueza Álvarez rechaza los planteos presentados, el debate avanzará hacia el pedido de arresto domiciliario para Bertolini, impulsado por la fiscalía por riesgo de entorpecimiento de la investigación. Esa definición podría derivar en la detención del intendente. En ese escenario, la tercera formulación de cargos prometida por la fiscalía encontraría, finalmente, su resolución.