La fiscalía imputó a tres personas por comercializar estupefacientes en Añelo. Dos de los acusados quedaron en prisión preventiva y se dispuso un embargo de 10 millones de pesos para cada uno.
En el marco de una causa por narcomenudeo en la localidad de Añelo, tres personas fueron acusadas de comercializar estupefacientes. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal detallaron que la actividad investigada se desarrolló al menos desde septiembre de 2025 hasta el 28 de mayo de este año en una vivienda ubicada en la región de Vaca Muerta. Dos de los acusados también enfrentan cargos por tenencia ilegal de un arma de fuego.
La investigación por narcomenudeo avanzó cuando la división Antinarcóticos de Añelo realizó siete allanamientos en Añelo y San Patricio del Chañar. En los procedimientos se secuestraron 4,9 kilos de cannabis sativa, 1,3 kilos de clorhidrato de cocaína, un arma calibre 9 milímetros, una balanza, teléfonos celulares, anotaciones vinculadas a las operaciones y 4,2 millones de pesos en efectivo.
Durante la audiencia, la fiscal sostuvo que la vivienda funcionaba como punto de venta de sustancias y afirmó que los compradores concurrían durante las 24 horas, todos los días de la semana, pero más asiduamente en la noche. También explicó que quienes adquirían la droga ingresaban al inmueble para concretar las operaciones. Además, indicó que para el abastecimiento de estupefacientes utilizaban una camioneta Toyota Hilux con la que realizaban traslados fuera de Añelo. La causa por narcomenudeo también incorporó evidencia sobre movimientos financieros registrados en plataformas digitales.
Uno de los elementos destacados por la fiscalía fue un informe sobre billeteras virtuales. De acuerdo con los datos expuestos, una de las imputadas registró ingresos por alrededor de 174 millones de pesos entre enero de 2025 y marzo de 2026. La fiscal señaló que la mujer “no figura con un trabajo registrado”, dato que forma parte de las evidencias reunidas durante la investigación. También se incorporó información sobre el uso de un vehículo Peugeot 208 que habría servido para colaborar con la actividad atribuida a los acusados.
El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. Además, dispuso prisión preventiva por ese período para dos de los imputados y prisión domiciliaria para la tercera acusada. También ordenó un embargo de 10 millones de pesos para cada una de las personas involucradas y la clausura de la vivienda utilizada para la venta de drogas durante cuatro meses.