Un proyecto de ley presentado en la Legislatura neuquina propone crear un régimen de control para vehículos oficiales y otros bienes muebles de la administración pública.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Neuquén por la diputada Brenda Buchiniz propone crear un régimen para regular el uso de vehículos oficiales y otros bienes muebles pertenecientes al Estado provincial. El alcance de la iniciativa incluye a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas públicas.
Entre las medidas previstas, el proyecto establece la identificación visible de todos los vehículos oficiales y la incorporación obligatoria de sistemas de geolocalización. Además, crea el Registro Único de Vehículos Oficiales de la Provincia del Neuquén (RUVON), una base de datos que concentrará información vinculada a cada unidad, incluyendo su asignación, seguros, conductores autorizados, antecedentes de siniestros y eventuales sanciones.
La iniciativa también fija límites para la asignación permanente de vehículos. Según el texto, ese beneficio quedará reservado para determinadas autoridades, entre ellas el gobernador, el vicegobernador, diputados provinciales, ministros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el defensor general y el fiscal general. Para el resto de los funcionarios y agentes públicos, el uso deberá responder a criterios funcionales y contar con justificación.
El proyecto extiende el régimen a otros bienes del Estado, como equipos informáticos, herramientas, maquinaria y equipamiento tecnológico. En esos casos, la asignación deberá formalizarse mediante actos administrativos que identifiquen el bien, el organismo responsable y el destino asignado. También prevé la elaboración de un inventario digital actualizado y la publicación periódica de información en formato de datos abiertos, junto con informes anuales sobre los costos del parque automotor y del patrimonio estatal.
En los fundamentos, Buchiniz sostiene que la propuesta busca fortalecer la responsabilidad en el manejo de los bienes públicos mediante reglas verificables y accesibles para la ciudadanía. También incorpora canales digitales para denunciar posibles usos indebidos y establece que esas conductas podrán ser consideradas faltas graves. La legisladora afirmó que los recursos públicos “pertenecen a todos los neuquinos y deben ser administrados con responsabilidad, racionalidad y absoluta transparencia”.