La investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la Justicia resolvió prorrogar el plazo de la investigación penal preparatoria y mantener vigentes todas las medidas cautelares contra los ocho imputados.
Roca.- La investigación por el crimen de Julián Dobra de la Canal sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando la Justicia resolvió prorrogar el plazo de la investigación penal preparatoria y mantener vigentes todas las medidas cautelares contra los ocho imputados. La decisión se tomó tras un pedido conjunto de la fiscalía y la querella, sin oposición de las defensas.
El homicidio ocurrió el 17 de abril de 2025 en General Roca y fue declarado como causa compleja en noviembre pasado, tras una reformulación de cargos que agravó la situación procesal de varios de los acusados. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la investigación “ha avanzado notoriamente” y que aún restan pericias determinantes antes de avanzar hacia el juicio.
Entre los elementos más relevantes, la fiscalía destacó que “las muestras biológicas tomadas por el Gabinete de Criminalística dieron positivo al ser comparadas con material de la víctima”, lo que refuerza la hipótesis acusatoria. Además, señaló que se realizará un análisis reconstructivo de las manchas hemáticas para determinar la mecánica del hecho. En paralelo, se avanza con estudios sobre elementos secuestrados que también arrojaron resultados positivos en ADN de contacto, los cuales serán profundizados por el Laboratorio de Genética Forense.
A esto se suma una pericia odorífera ya programada, el análisis de teléfonos celulares a cargo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones y una reconstrucción virtual en 360 grados del lugar del hallazgo del cuerpo, el vehículo y otros elementos vinculados. “La cantidad de medidas en curso y su complejidad hacen necesario ampliar los plazos”, explicaron desde la fiscalía, que además remarcó la incorporación de nuevas entrevistas y pruebas al expediente.
En cuanto a las medidas cautelares, el Ministerio Público advirtió que “sigue vigente el peligro de entorpecimiento a la investigación”, especialmente en relación a futuras declaraciones testimoniales en el juicio oral. Finalmente, el juez de Garantías resolvió extender todas las restricciones hasta el 8 de noviembre de 2026. De esta manera, continuarán vigentes las prisiones preventivas en unidades policiales, las detenciones domiciliarias con monitoreo electrónico, las presentaciones periódicas en comisarías y las medidas en dispositivos de la SENAF para los imputados menores.
Con este escenario, la causa se encamina a consolidar la prueba necesaria para un futuro debate oral, en un caso que sigue generando fuerte impacto en la región.