La policía española detuvo en ese país a una exjueza argentina que estaba prófuga de la justicia y que había sido destituida en 2017 acusada de integrar una red ilegal de adopciones en Pilar. De acuerdo al proceso que culminó con su separación del cargo, Alejandra Velázquez buscaba embarazadas pobres para que luego vendieran sus bebés a personas de clase media y alta.
Según las pruebas recolectadas entonces, Velázquez ordenaba a las asistentes sociales, integrantes del equipo técnico del juzgado a su cargo, acudir a los barrios pobres a «conseguir panzas».
Esta acción consistía «en identificar a mujeres vulnerables en estado de gestación, dispuestas a entregar en adopción a los hijos que esperaban, para facilitar así los procesos de adopción a matrimonios adinerados de la zona, de quienes recibía ventajas económicas», explicó la policía de España en el comunicado que da cuenta de su detención.
La mujer fue acusada de lucrar financieramente cuando desempeñaba la titularidad del Juzgado de Familia Nº1 de Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense. Fue detenida en el puerto de Valencia, en el Mediterráneo, al estar bajo una orden internacional de detención emitida por las autoridades argentinas.
Es considerada «presunta autora de los delitos de cohecho activo y falsedad documental público, hechos por los que se le solicita una pena máxima de prisión de seis años», agregó la policía.
La exjueza Velázquez fue destituida de su cargo en septiembre de 2017 tras el jury de enjuiciamiento que se le inició, acusada –entre otros delitos– de «intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer». En noviembre de 2016, Velázquez había presentado su renuncia ante la Suprema Corte, en un intento de evitar el proceso del jury, pero su pedido no fue avalado por el Poder Ejecutivo.
En ese entonces, el fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires fue decidido por unanimidad. Además de destituirla, también decretó «la inhabilitación para ocupar cualquier otro cargo judicial».
En el proceso en su contra prestaron declaración varios testigos y
empleados que contaron detalles de las presuntas maniobras que llevaba adelante Velázquez para concretar adopciones. La hasta entonces jueza no sólo no concurría al juzgado o adulteraba los registros de presentismo mientras se encontraba en el exterior, sino que también aparecieron anomalías en expedientes de adopción, principalmente a familias adineradas de Pilar.
Varios testimonios recolectados en el marco de la investigación sostienen que a las trabajadoras sociales que se desempeñaban a su cargo en el juzgado les propuso realizar un «trabajo extra» a su labor en el tribunal a efectos de captar niños en situación de adoptabilidad o mujeres embarazadas que desearan dar a sus hijos en adopción, y directamente las instaba a que salieran a «buscar panzas».
A su vez, la magistrada no habría sido la autora de la mayoría de sus resoluciones, ya que en muchas de las oportunidades en las que aparecía rubricándolas, los registros de migraciones la ubicaban en el exterior.
Después de la destitución, a Velázquez se le inició un proceso penal, en cuyo marco se profugó. El lunes pasado, fue encontrada por la policía de Valencia.