Desde la penumbra de uno de los calabozos de la Comisaría 1ª, Pablo Sanz, uno de los imputados como jefe de la asociación ilícita que perpetró la estafa con planes sociales, comienza a percibir que la fiscalía “no va a respetar el acuerdo” por lo que analiza aportar nueva información, referida a montos de dinero que se llevaban algunos de los funcionarios que nombró en su última declaración ante la fiscalía.
Aunque el REC se presionó a las 17:43 del miércoles primero de noviembre, horas antes hubo una reunión. Se habló de montos y nombres involucrados a la estafa con planes sociales, que en la filmación final no quedaron. Todo fue parte del acuerdo que, al parecer, ya no tendría vigencia. El defensor, Gustavo Palmieri, Pablo Sanz y sus allegados, debatían en la tarde-noche de este miércoles cómo continuar.
En la declaración filmada, asegura que de la estafa de los planes sociales, Ricardo Soiza se quedaba con 3.150.000 pesos, Osuna y él con $250 mil, y otros imputados recibían cifras menores. Sin embargo, Soiza no sería el que más beneficiado. Desde su celda, asegura que uno de los nombres fuertes, se llevaba, mes a mes, $4.350.000. Desde el 10 de diciembre de 2019, al salir del ministerio, esa cifra se le redujo a la mitad. Otro número -$1.250.000- era para uno de los mencionados por Sanz, pero que no se encuentra imputado en la causa. En las reuniones previas, también mencionó al gobernador Omar Gutiérrez y al director del BPN, Marcelo Berenguer.
«Con que plata te crees que se hizo la camapaña de 2019 cuando Neuquén estaba empapelada con la cara del candidato. O la campaña de 2021», respondió el imputado cuando se le consultó por el destino de esos fondos.
El acuerdo entre la fiscalía y la defensa se cocinó durante semanas. El último miércoles de octubre, Sanz fue trasladado al edificio de calle Leloir a las 7 de la mañana. En una de las oficinas, con la cámara apagada, se reunió durante más de dos horas (de 11 a 13:30) con todo el equipo que lleva adelante la investigación.
Una semana después (01-11), y con el supuesto acuerdo cerrado, Sanz es nuevamente trasladado a la Ciudad Judicial. Ingresó 15:30 y lo que declarará “se pulió antes de las 17:30 para acordar lo que no debía nombrar”, detalló el propio imputado. A las 17:43 comienza la grabación que se extendió 1 hora 49 minutos.
“Son 123 días encerrados en condiciones de mierda, mientras otros duermen cómodamente y comparten junto a sus familias. El garrón este me lo estoy comiendo solo”, repite, una y otra vez, Sanz a su entorno. La hipótesis que manejan es que “hay miedo a que otros señalados como jefes de la asociación ilícita se animen a hablar”, en caso de que Sanz consiga un beneficio -prisión domiciliaria-.