El ex subsecretario de Producción señaló que el organismo cobró honorarios desproporcionados a ciudadanos de escasos recursos durante más de veinte años.
El ex subsecretario de Producción y candidato a intendente por el frente Neuquinizate, Juan Peláez, realizó una publicación en redes sociales en la que cuestionó a la Fiscalía de Estado de la provincia de Neuquén por el cobro de honorarios en causas judiciales iniciadas contra ciudadanos de escasos recursos. Peláez calificó la situación como un “negocio vergonzoso” y solicitó la derogación de una ley que sostiene el funcionamiento del organismo.
Peláez sostuvo que la Fiscalía de Estado es un organismo que debería proteger los intereses de la provincia, pero que se ha convertido en un “mega estudio jurídico sostenido 100% con plata del Estado”. El presidente de la UCR de Neuquén afirmó que el “negocio” consiste en cobrar honorarios “desproporcionados” por juicios contra los propios neuquinos.
El dirigente radical y administrador de la Clínica Pasteur declaró que estas prácticas se extendieron durante más de veinte años sin que ninguno de los gobiernos de ese período tomara medidas. “Personas humildes, sin voz ni defensa, que no comprenden por qué deben afrontar honorarios desproporcionados por deudas mínimas, son expoliadas a diario por la propia maquinaria del Estado, mientras nadie las protege”, indicó Peláez.
Peláez mencionó que en la Legislatura provincial se presentaron al menos cuatro proyectos de ley para prohibir que los funcionarios que ya percibían un sueldo del Estado cobraran además honorarios por su actividad judicial. Tres de esas iniciativas fueron archivadas: una presentada por la entonces legisladora Soledad Martínez —actual ministra de Educación—, otra por Lorena Parrilli, y una tercera por los diputados Leandro López y Denisse Stillger. “Distintas ideologías; mismo diagnóstico y solución”, señaló Peláez.
La cuarta iniciativa, del abogado Alfredo Cury, propone que los honorarios adquiridos en causas judiciales en las que el Estado sea parte sean destinados a Rentas Generales y no pagados a los abogados oficiales. Cury fue asesor del diputado Claudio Domínguez durante su primer período y fue abogado defensor del ex director de Planes Sociales Ricardo Soiza, condenado en la causa conocida como fraude con dinero de planes sociales.
Peláez afirmó que todas estas propuestas fueron “cajoneadas” por el diputado del oficialismo, Ernesto Novoa: “No quieren que el proyecto tenga tratamiento para no quedar expuestos ante la sociedad defendiendo un negocio vil”, afirmó Peláez.