El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres trabajadores municipales de Chos Malal acusados de provocar daños en el edificio de la Secretaría de Economía y Recursos Públicos durante una protesta gremial realizada el 15 de abril.
La jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la imputación y dispuso medidas cautelares mientras avanza la investigación. De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscal Natalia Rivera y el fiscal Víctor Salgado, el hecho ocurrió entre las 05:27 y las 09:00 frente al palacio municipal. La protesta había sido organizada por integrantes del gremio SOYEM y derivó en un episodio que incluyó fuego, humo y daños sobre sectores del edificio comunal.
Según la acusación, una de las imputadas colocó un neumático junto a papeles, cartones y otros materiales combustibles dentro de un recipiente metálico ubicado cerca de uno de los ingresos. Luego otra de las acusadas incorporó un segundo neumático al foco ígneo y permaneció junto al tambor en combustión al lado del tercer imputado. Después, la mujer pateó el recipiente hacia la puerta de acceso del área de Rentas y Recaudaciones. Según el Ministerio Público Fiscal, el acusado J. A. A. le indicó que acercara todavía más el tambor hacia el ingreso y luego volvió a patearlo para aproximarlo al edificio municipal.
Desde el MPF señalaron que en Chos Malal “se generaron llamas de gran intensidad, abundante humo negro y residuos de hollín que impactaron sobre la fachada principal del edificio”. Además, precisaron que “el humo, el calor y el fuego ocasionaron manchas de hollín sobre el frente del inmueble, afectando un cartel institucional y las letras corpóreas emplazadas en la parte exterior”. La acusación indicó también que el fuego alcanzó sectores superiores de la estructura y dañó una ampliación en construcción ubicada en el primer piso.
Los fiscales afirmaron que el humo y las llamas pusieron en riesgo a trabajadores municipales que ingresaron al edificio cerca de las 07:45. En la ampliación afectada se constató lana de vidrio quemada y restos de hollín. El accionar atribuido a las personas imputadas cesó después de la intervención policial, cuando efectivos apagaron el foco ígneo y retiraron el tambor utilizado durante la protesta frente al municipio.
La jueza Bibiana Ojeda fijó para los acusados una prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros respecto del edificio municipal y de los empleados de las áreas afectadas en Chos Malal. La medida cautelar tendrá vigencia inicial hasta el 16 de mayo, mientras el Ministerio Público Fiscal completa las diligencias pendientes dentro del plazo de investigación establecido en un mes.