Un informe del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura reveló que las comisarías neuquinas albergan 171 personas en espacios diseñados para 79 plazas, mientras la población carcelaria total creció un 13,7%.
Las comisarías de la provincia de Neuquén están superpobladas de personas privadas de su libertad. Hay 171 personas alojadas en espacios que cuentan con apenas 79 plazas habilitadas para detenciones transitorias de pocas horas. El diagnóstico fue realizado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPPT), quien reveló que la actual población carcelaria alcanzó las 796 personas.
La cifra representa un incremento del 13,7% respecto al período anterior. La presencia de personas condenadas en las comisarías agrava la situación dado que estos establecimientos no poseen la infraestructura necesaria para el cumplimiento de penas largas. Según los detalles del informe, el 59% de los internos en comisarías ya posee una sentencia firme y contradice las disposiciones de la Ley 24.660 de Ejecución Penal.
Mencionaron también que estos espacios funcionan como lugares de cumplimiento de pena «pese a no reunir condiciones materiales ni legales para ello». La problemática no solo afecta a las comisarías de la provincia. El informe anual documentó además hechos de violencia y fallecimientos vinculados a la superpoblación y a la falta de medidas de seguridad en la Unidad de Detención 11.
Los casos de Franco Emanuel Figueroa, muerto por quemaduras tras un incendio de colchones y de Michael Damián Aguilar, fallecido durante una gresca en un pabellón con espacio reducido, ilustran la precariedad del sistema. El organismo concluyó que ambos fallecimientos «se produjeron en un contexto institucional caracterizado por la sobreocupación sostenida y el incumplimiento de estándares mínimos de espacio vital».
Desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal en 2014, la tasa de encarcelamiento en la provincia se duplicó y alcanzó las 108 personas por cada 100 mil habitantes. El perfil de los detenidos muestra una fuerte concentración en personas menores de 35 años, de los cuales el 77% no finalizó los estudios secundarios.
Esta tendencia al alza en el número de internos presiona sobre el cupo judicial de las cárceles, que en octubre de 2025 fue elevado por la justicia de ejecución para permitir el ingreso de más personas a unidades saturadas. El CPPT registró un total de 310 denuncias y comunicaciones durante el último año, centradas mayoritariamente en la falta de acceso a la salud y a la defensa técnica.
Ante este escenario, el organismo exigió la creación urgente de un Sistema Penitenciario Provincial y autónomo de la estructura policial para gestionar el cumplimiento de las penas. También concluyeron en la necesidad de aplicar programas integrales de educación y trabajo que permitan reducir la reincidencia y mejorar las condiciones de vida dentro de los muros de detención.