La jueza de Garantías Carina Álvarez denegó la prisión domiciliaria pedida por la fiscalía para el intendente Luis Bertolini y su secretaria, ordenando en su lugar restricciones de acercamiento a testigos por seis meses.
La jueza de Garantías Carina Álvarez rechazó el jueves la prisión domiciliaria que el Ministerio Público Fiscal había solicitado contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, y su secretaria, Gladys Ramírez. La fiscalía los acusó por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, por maniobras que alcanzaron los 2.300 millones de pesos.
La magistrada determinó que la medida cautelar atentaba contra la institucionalidad y optó por dictar una restricción de acercamiento hacia los testigos durante un lapso de seis meses. Durante la audiencia judicial, Álvarez fundamentó su decisión con argumentos de peso procesal y político. Explicó que el jefe comunal contaba con la legitimidad del voto popular y que la privación de su libertad constituía una pena anticipada de extrema gravedad para la institucionalidad democrática.
Al dirigirse al acusado principal, la magistrada expresó: «Usted cuenta con la legitimidad otorgada por el voto popular de su ciudad. Ese voto trasciende el interés individual del proceso para afectar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas».
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y la fiscal Rocío Rivero buscaron la reclusión de los imputados tras argumentar un supuesto riesgo de entorpecimiento y temor infundido en cuatro empleados municipales. Sin embargo, la jueza descartó esta teoría porque carecían de pruebas sobre posibles amenazas o despidos. Álvarez cuestionó la falta de alternativas menos gravosas y subrayó: «Si hay medidas de coerción menos lesivas que la Fiscalía debía explorar para neutralizar ese riesgo y no fueron presentadas, me es imposible imponerlas».
La Justicia también desestimó un embargo por 4.600 millones de pesos contra los empresarios Pedro Vilchez y Mauricio López, quienes también forman parte de la causa. La magistrada falló en contra de esta sanción patrimonial porque el fiscal Vignaroli admitió que todavía no detectaron un perjuicio económico concreto al municipio.
Como única restricción preventiva, la jueza Álvarez impuso que los funcionarios no contactaran a los testigos y ordenó que Ramírez mantuviera distancia física del edificio municipal. Al finalizar la jornada judicial, los abogados defensores celebraron la preservación de la institucionalidad y criticaron la estrategia mediática del Ministerio Público Fiscal. Javier Pino Muñoz, representante legal de Bertolini, lanzó una crítica directa contra los fiscales por la espectacularidad de sus acciones. Con un tono lacónico ante la prensa, el letrado declaró: «Cuando necesiten algo, estamos a disposición. Pero no salgan por los medios y hagan allanamientos».