Gilberto Montanaro reconoció los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento falso en la causa Techo Digno. La sentencia se conocerá el 30 de abril.
El ex intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, admitió su responsabilidad en los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso, en el marco de la investigación conocida como Techo Digno. Durante la audiencia, aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta.
La decisión final será comunicada por el juez de Garantías el próximo jueves 30 de abril a las 12.30 en los tribunales de General Roca. Tanto la fiscalía como la defensa renunciaron a los plazos procesales, por lo que la condena comenzará a regir una vez dictada la sentencia.
La fiscalía solicitó, además, la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta, que incluyen la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas ante el órgano de control, mantener domicilio fijo y no cometer nuevos delitos. Se consideró que el imputado no registra antecedentes penales computables y su edad, 75 años.
Durante la audiencia, Montanaro admitió los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal y aceptó el acuerdo pleno. La defensa destacó que el imputado recibió el asesoramiento correspondiente y comprendía los alcances del acuerdo.
La investigación se originó en un convenio firmado en noviembre de 2014 entre el entonces Ministerio de Planificación Federal y el municipio de Cervantes para la construcción de 135 viviendas e infraestructura, en el marco del programa Techo Digno. Según la acusación, se habrían presentado certificaciones de obra falsas para informar avances superiores a los reales. Esto permitió el desembolso de $60.995.019,86, equivalente al 99,83% del monto total previsto, beneficiando indebidamente a las empresas constructoras involucradas. La acusación se sustentó en más de 80 puntos probatorios, entre ellos informes oficiales, pericias, documentación administrativa y relevamientos realizados sobre las viviendas.