La ministra Soledad Martínez detalló las acciones que se implementan desde el Consejo Provincial de Educación, priorizando un enfoque no punitivo y el trabajo interinstitucional.
Ante los hechos de violencia y amenazas registrados en instituciones educativas de la provincia, la ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó las acciones que se articulan desde los equipos de la cartera. El trabajo, centralizado pero adaptado a las particularidades de cada escuela, incluye la elaboración de un protocolo de intervención por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Martínez destacó que las intervenciones se basan en la premisa de que «las escuelas siguen siendo los lugares más seguros para las y los jóvenes de la provincia». Por ello, afirmó que suspender clases «es profundizar ese escenario complejo o de riesgo».
La ministra enfatizó que el abordaje es «pedagógico, no punitivista, no reglamentarista», descartando medidas como la revisión de mochilas o la instalación de detectores de metal. «No queremos convertir a las escuelas en espacios de detención ni de inspección», aclaró.
El enfoque, según describió, se apoya en los equipos de apoyo y psicopedagógicos de las escuelas, así como en el conocimiento que los docentes tienen de los estudiantes y sus contextos. Además, se articula con otras áreas del Estado como salud mental, salud pública, seguridad, la Defensoría y la Fiscalía.
En las escuelas donde aparecieron carteles de amenazas, se suspendieron las clases habituales pero se activaron «actividades de reflexión y de discusión» junto a los estudiantes.
El viernes, el Cuerpo Colegiado del CPE emitió un pronunciamiento conjunto reafirmando el compromiso de un «abordaje pedagógico situado -no punitivo ni exclusivamente legal-«. También se informó que se trabaja en una Guía de Abordaje ante situaciones de amenazas o hechos de violencia para todos los niveles educativos, fortaleciendo el trabajo interministerial e interinstitucional.