Se conformó una comisión especial para redactar un nuevo marco legal que regule la convivencia y sancione conductas que afectan el orden público, con un plazo inicial de seis meses.
La Legislatura de Neuquén dio un paso clave en la modernización del sistema contravencional al disponer la formación de una comisión que deberá redactar un nuevo texto legal. La decisión fue tomada por mayoría durante una sesión ordinaria.
El nuevo cuerpo tendrá un plazo inicial de seis meses para elaborar un marco normativo que regule las pautas de convivencia y sancione conductas que hoy escapan a la justicia municipal. El diputado Marcelo Bermúdez celebró la creación de esta comisión y señaló que la falta de una norma actualizada genera espacios de impunidad en situaciones que no llegan a ser delitos penales graves, pero que sí afectan el orden público. Según el legislador, la provincia requiere reglas claras para juzgar comportamientos dolosos que los juzgados locales no pueden abordar por falta de competencia.
La intención de los parlamentarios es dotar al Estado de herramientas ágiles que permitan resolver conflictos vecinales y garantizar la paz social mediante un texto moderno. La integración de la comisión especial será diversa, con representantes de los tres poderes del Estado y la posibilidad de convocar a especialistas de diferentes sectores de la sociedad civil.
Mientras la mayoría de los bloques respaldó la iniciativa por considerarla una deuda pendiente con la ciudadanía, desde los espacios de izquierda manifestaron su rechazo porque consideraron que la reforma se centra exclusivamente en la faceta punitiva de las faltas y no aborda las causas profundas de los conflictos sociales en la región.
El equipo de trabajo deberá revisar el Decreto-Ley 813 de 1962, una norma que ha perdido vigencia debido a la derogación de la mayoría de sus artículos originales con el paso de los años. Los legisladores Matías Martínez y Ludmila Gaitán, junto con otros representantes del Poder Ejecutivo y Judicial, tendrán la tarea de unificar criterios para que el nuevo sistema sea aplicable y respetuoso de las garantías individuales.
El objetivo final es establecer sanciones razonables para aquellas conductas que alteran la vida cotidiana pero no encuentran respuesta en los tribunales criminales. Con la aprobación de la resolución 1241, el cuerpo legislativo puso en marcha un cronograma de reuniones técnicas que comenzará en las próximas semanas. El plazo de seis meses podrá prorrogarse por un período igual si la complejidad de la materia exige un debate más profundo entre los diversos actores convocados.