En el debate por la modificación de la Ley de Glaciares, el senador nacional Jorge Capitanich fijó una postura crítica frente al proyecto impulsado en la Cámara alta y anticipó el rechazo de su espacio político. Durante su intervención, sostuvo que la actual Ley 26.639 ya establece un equilibrio entre producción y cuidado ambiental, y advirtió que la reforma podría debilitar la protección de las reservas de agua dulce.
El legislador encuadró su posición en una mirada estratégica sobre el recurso hídrico a nivel global. Recordó que solo una pequeña porción del agua del planeta es apta para consumo humano y subrayó que los glaciares concentran una parte sustancial de esas reservas. “Se trata de activos ambientales decisivos para la vida humana, la producción y la biodiversidad”, planteó.
Glaciares, cambio climático y reservas estratégicas
Capitanich hizo referencia al retroceso de masas glaciares registrado en la última década como consecuencia del cambio climático, y remarcó que Argentina posee una de las mayores extensiones de ambientes glaciares del hemisferio sur. Según detalló, los cuerpos de hielo se distribuyen a lo largo de miles de kilómetros de cordillera e impactan de manera directa en decenas de cuencas hidrográficas.
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En ese contexto, alertó que cualquier alteración en los criterios de inventario o en la definición de áreas protegidas puede tener consecuencias sobre ríos y sistemas de provisión de agua que abastecen a comunidades enteras. “No estamos discutiendo un tema abstracto, sino la garantía de recursos esenciales para el desarrollo”, enfatizó.
Defensa del principio precautorio
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la defensa del principio precautorio, incorporado en la legislación ambiental argentina. Para el exgobernador del Chaco, la norma vigente armoniza el artículo 41 de la Constitución Nacional —que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental— con el artículo 124, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias.
En ese sentido, recordó que la constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Corte Suprema en 2019 y sostuvo que el esquema actual brinda previsibilidad jurídica y reglas claras para la evaluación de impacto ambiental. “Modificar parámetros técnicos sin consenso puede generar más incertidumbre que soluciones”, advirtió.
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Minería y ambiente: “No son conceptos antagónicos”
Lejos de adoptar una postura contraria a la actividad extractiva, Capitanich defendió el rol de la minería en la estructura exportadora argentina. Señaló que el país puede expandir su potencial productivo si consolida capacidades regulatorias sólidas y estándares ambientales estrictos.
Explicó que los proyectos mineros demandan largos plazos de maduración y grandes inversiones de capital, por lo que requieren estabilidad normativa. Sin embargo, remarcó que la competitividad no debe lograrse a costa de reducir exigencias ambientales. “El desarrollo sostenible exige un Estado fuerte, con controles eficaces y reglas previsibles”, afirmó.
Apelación a la “Casa Común”
En el tramo final de su intervención, el senador evocó el concepto de “Casa Común”, en línea con la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, y sostuvo que la discusión no puede escindirse del compromiso global frente a la crisis climática.
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Asimismo, mencionó observaciones formuladas por organizaciones civiles y entidades académicas especializadas en ciencias ambientales, que expresaron reparos ante la reforma. Para el legislador, el esquema actual ya permite compatibilizar inversión, empleo y protección ambiental, sin necesidad de modificar los estándares vigentes.
“Argentina necesita crecer y generar divisas, pero no a cualquier costo. La preservación del agua dulce es una condición básica para el futuro”, concluyó.