Este lunes venció el plazo para que la ciudadanía y las asociaciones profesionales presenten en el Senado impugnaciones o adhesiones a las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. Hasta el fin de semana, pocas presentaciones habían llegado al Congreso, según fuentes con acceso a los expedientes.
Ahora, el Senado notificará a los postulantes del contenido de los documentos y ellos podrán hacer sus descargos. El 21 y el 28 de agosto serán las audiencias públicas.
Las objeciones son de tres tipos, según supo LA NACION. Algunas cuestionan a Lijo por sus antecedentes y sus bienes; otras cuestionan a García-Mansilla por sus posiciones más conservadoras y su oposición al aborto no punible, y un tercer grupo cuestiona a ambos porque no con sus designaciones la Corte quedaría sin mujeres.
Al filo del cierre del plazo, la Asociación Civil Fores opinó sobre los dos candidatos. Criticó a Lijo por falta de idoneidad, pero respaldó a García-Mansilla. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en tanto, impugnó a ambos candidatos y pidió al Senado producir medidas de prueba para analizar el desempeño de Lijo como juez federal.
Fores (entidad de juristas y profesores de Derecho) sostuvo con respecto a Lijo que “son las condiciones de idoneidad las que no se verifican en el candidato” y afirmó: “Provoca demasiada disputa por escrito en múltiples sectores de la sociedad (condición suficiente para descartarlo). Su postulación carece de suficiente fundamentación y no presenta hechos y resultados que demuestren una adecuada gestión como juez”. Fores añadió: “Resulta preocupante que no se haya presentado un solo informe acerca de la gestión del juzgado a su cargo que permita un análisis a la luz de la propuesta efectuada”. En cuanto a la postulación de García-Mansilla, Fores destacó la idoneidad del candidato para ocupar el cargo.
Por su parte, el Inecip dijo que “Lijo es el juez con peor desempeño de Comodoro Py” y que llegaría a la Corte con denuncias de mal desempeño no resueltas por el Consejo de la Magistratura. Pidió que el Senado requiera a la oficina de estadísticas del Consejo de la Magistratura un informe sobre el desempeño del juzgado de Lijo. Inecip cree que “es el juez más ineficaz” de Comodoro Py.
La agrupación recordó que un informe de auditores del Poder Judicial de 2017 había señalado que el juzgado de Lijo era el que tenía mayores demoras en los trámites de casos de corrupción y pidió que la Facultad de Derecho de la UBA informe cuándo fue la última vez que dio clases allí.
En sus preguntas sugeridas para que los senadores le hagan al juez federal propuso, por ejemplo, que le consulten si considera que la Corte puede investigar las denuncias disciplinarias presentadas contra él; en qué casos en los que fuera parte el Gobierno se excusaría (dado que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue su abogado), o cómo explica que mantiene abiertos los casos de presunta corrupción del Correo Argentino o YPF, desde hace 7 y 16 años, respectivamente, sin resolverlos.
Quienes ya plantearon sus objeciones son Colegio de Abogados de la Ciudad, por ejemplo, que en su impugnación a Lijo hace foco en las aptitudes que debe reunir cualquier candidato para ser un aspirante a cubrir un cargo tan relevante. “Quien pretenda ocupar un sitial en la Corte Suprema debe demostrar que posee una preparación excepcional”, advierte la organización, antes de atribuirle a Lijo una muy baja estatura jurídica para el ocupar el cargo.
Su producción académica, señala el Colegio de Abogados de la Ciudad, es “magra”, superficial y carece de “impacto jurídico” por estar confinada al terreno de lo “especulativo”; contiene una redacción “poco clara” y no está exenta de “desaciertos”. Se trata, en suma, de una “producción vieja, muy escasa y de pobre relieve científico”, afirmaron los abogados porteños.
“Es evidente que una persona con esta orfandad curricular y con una reputación tan severamente cuestionada difícilmente transmita a la sociedad la seguridad jurídica y la transparencia que un cargo de tamaña envergadura exige”, se lee en la impugnación que lleva la firma del presidente del colegio, Alberto Garay, que, en cambio, elogió a García-Mansilla y respaldó su candidatura. “Posee sobresalientes méritos para poder integrar el más alto tribunal”, se subraya en el texto.
Sobre Lijo, que busca cubrir la vacante de Elena Highton de Nolasco, la carta señala: “El candidato a ese sitial no es mujer, ni se han expuesto razones de peso que pudieran eludir la posibilidad que aconseja el decreto”.
En una línea similar corre la impugnación de los diputados de la Coalición Cívica (CC), que también lleva la firma de la líder del espacio, Elisa Carrió. Además de señalar su “magra” formación y su recorrido “opaco” y “poco notable”, el escrito cuestiona el fundamento con el que el Poder Ejecutivo motoriza la candidatura de Lijo (los años de antigüedad como juez federal). “No se ‘asciende’ a la Corte Suprema por ‘antigüedad”, confrontan, y agregan: “La permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante”.
El escrito recuerda la acción que la propia Carrió impulsó contra Lijo y su hermano Alfredo en Tribunales por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias, en 2018. En su denuncia, Carrió describe al juez como una pieza clave de un engranaje diseñado para ofrecer impunidad a funcionarios manchados de corrupción.
Los integrantes de la CC cuestionan, además, el vínculo de Lijo con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, impulsor de su candidatura. Una de las más de 70 preguntas que le formulan al juez en su escrito es, en efecto, si conoce personalmente a Lorenzetti.
Los candidatos tendrán ahora un plazo de cuatro días para contestar y defenderse de aquellas impugnaciones que la Comisión de Acuerdos del Senado -presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro)- haya considerado válidas. Tras ello, los postulantes deberán defender sus postulaciones en las audiencias públicas de agosto.
Un proceso similar al del Senado, se llevó adelante en abril ante el Ministerio de Justicia, cuando el Poder Ejecutivo recibió -como ahora lo hace la Comisión de Acuerdos- rechazos y adhesiones a las postulaciones de los dos candidatos. Entonces, Lijo recibió 328 impugnaciones y más de 3500 adhesiones.
Para ser designado juez de la Corte se requiere de una mayoría calificada de dos tercios de los presentes en el Senado. Esta semana, el Gobierno activó una ronda de conversaciones con el kirchnerismo en un intento de asegurarse los votos que le faltan para que Lijo sea juez de la Corte. Pero debe sortear incluso la resistencia de los propios senadores libertarios, por ejemplo Francisco Paoltroni, que no estaba de acuerdo con apoyar al juez, en sintonía con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En el entorno del senador se ilusionan con activar una estrategia para bloquear las designaciones basada en lograr el avance de un proyecto de ley de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que propone establecer un cupo femenino para la Corte y pretende que se dicte una medida cautelar para que la justicia frene el proceso de designaciones, algo que es considerado como muy poco probable que ocurra.
LA NACION