jueves, 18 julio, 2024
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Los mercados castigan a Milei, la ayuda de los «dinosaurios» y una anomalía del Senado

Lo barato sale caro

Lame heridas el Gobierno en el recuento de daños después de la aprobación en el Congreso de las leyes de Bases (u ómnibus jibarizada) y de Paliativos Fiscales, para sacar lección. La primera de todas es que si hubiera ido al Congreso con ánimo de negociar hubiera sacado mucho más de lo que sacó. La experiencia de este trámite le marca la necesidad de otro camino más fructífero para cuando reaparezca en el Congreso. El Gobierno prefirió prolongar la música de la campaña electoral, contra la política, sin mucho provecho. Confianza de aficionados esta de poner al marketing por sobre la estrategia. En las elecciones le sirvió para tener el 29% de los votos en la primera vuelta. Los votos de la segunda no fueron contra la política, sino contra el peronismo. Si no hubiera revoleado el DNU 70 (que pende de un hilo en Diputados y en la Justicia) y la primera versión de la ley ómnibus, no lo habrían sometido a un esmeril en donde le hicieron pelo y barba. La experiencia les demuestra que esa idea de que se puede arrastrar a la política a donde esta no quiere ir es un mal camino, o por lo menos muy caro. Le costó la cabeza del jefe de gabinete Nicolás Posse, jefe de la administración.

El Gobierno tiene que asumir la lección porque ahora viene un examen más duro, el de la reglamentación de leyes complejísimas, que requieren expertos que no ha demostrado tener hasta ahora. La experiencia de la Constitución reformada en 1994 es un ejemplo. Se tardó años en reglamentar con leyes, algunas creaciones de la reforma. Algunas trastabillaron, como la del Consejo de la Magistratura. Otras, directamente nunca ocurrieron, como la nonata ley de coparticipación o del juicio por jurados, que espera desde la Constitución del 1853/60.

El mercado castiga la debilidad

La política es un negocio de representación, no de arrastrar al otro -como cree este gobierno-. En este round el Congreso aprobó lo que creía adecuado a los objetivos de los partidos representados. Lo que se mejoró eran cosas que estaban en la agenda de los bloques: regreso de tributos claves como Ganancias y Bienes Personales, subsidios a actividades productivas, mejores condiciones para el sector energético, bajar capítulos como pesca y biocombustibles, reformas laborales consentidas hasta por los sindicatos. Todo esto lo hubiera logrado sin, además, arriesgar y perder lo que perdió, que es mucho (¿cómo podremos vivir en adelante con jueces sin toga?).

La principal pérdida es de prestigio ante la sociedad y ante los mercados, a los que este gobierno dice querer halagar. Esta semana desde el oficialismo se quejaban por la modesta reacción de los mercados ante la sanción de la norma. Alguno lo atribuyó a que los degenerados fiscales le habían ganado al Gobierno. Improbable. Es más probable que los mercados se hayan enterado de que el Poder Ejecutivo exagera cuando promete una revolución de los ricos contra los pobres, o que puede manipular a todos para lograr lo que quiere. El Gobierno, en suma, tiene unas fuerzas limitadas de acción y los mercados responden con cautela ante su debilidad. Muy lejos de reconocerle y festejarle fortalezas, le castigan la fragilidad del método. No se muere nadie. A gobernar no se aprende en una academia ni se nace sabiendo. Pero la experiencia sirve, propia o ajena, y mejor le hubiera ido al gobierno si mandaba ley por ley y lo hacía con modos amigables ante el nido de ratas.

Subsidiados, uníos

Los mercados también reaccionaron ante constancias sólidas de la capacidad del Gobierno para meter el cuchillo donde no lo ha metido nadie antes, como el gasto fiscal que le cuestan los regímenes de promoción que se llevan por lo menos un 4,9 % del PBI. La lista de esos regímenes tiene a Tierra de Fuego como la punta del iceberg. El proyecto es un hallazgo del bloque Hacemos-Pichetto, que promovió Nicolás Massot como respuesta al reproche de que «no hay plata».

En el proyecto que salió de Diputados se le puso al Gobierno un plazo de 90 días para que presentase un programa para reducir ese costo fiscal en un 50%. Tuvo aprobación con mayoría simple, pero el Senado lo tiró abajo con 2/3 de los votos. Impidió que Diputados insistiese. Tuvo unos 148 votos y ganaron los empresarios que se benefician de esos regímenes y sus valedores en la política, del oficialismo y la oposición. Una pasión digna de mejor causa.

Pobre triunfos pasajeros

Todos los años el Ministerio de Economía enumera los regalos del Estado a esas actividades promovidas en la llamada «separata» que acompaña el proyecto de Presupuesto. Los patrocinantes de la revisión de la «separata» y de sacudir esa piñata para que caigan los dineros con los que pueden pagar gastos sin fondeo, tienen en un par de meses la oportunidad para volver a la batalla. El 15 de setiembre el Gobierno debe acercar el proyecto del nuevo presupuesto y la batalla por el costo fiscal se repetirá con armamentos renovados. La experiencia de haberlo debatido durante estos seis meses le da un nuevo contexto a este intento de revisar el gasto público, con más audacia de lo que se anima este gobierno.

El Senado abandona las provincias

La tercera lección que sacan el Gobierno y el Congreso de esta experiencia es el enrarecimiento del rol de algunos protagonistas. El signo más importante es la novedad de que el Senado, que es la cámara de representación federal, hizo caer la reposición de los impuestos a las Ganancias y a Bienes Personales que había propuesto Diputados. Más allá de la disputa jurídica sobre la validez, lo más importante es que el Senado rechazó por primera vez la sanción de dos tributos que son coparticipables y, por eso, de estricto interés de las provincias.

La Argentina es un país agobiado por la carga tributaria. Ni este gobierno, que venía a destruir el Estado, ha dejado de aumentarlos, con la promesa de que alguna vez los bajará. Se entiende que, si un legislador tiene en la mano la oportunidad de darle el gusto al contribuyente sacando un tributo, aunque sea por un instante, lo haga. Lo hizo Massa como herramienta demagógica cuando era candidato a presidente. Lo mismo hizo Javier Milei, cuando sumó su voto con la misma intención de perfilarse ante su electorado. El Gobierno y algunas provincias reaccionaron ante el daño que implicaba que esos tributos dejaran de existir. Los repuso en Diputados por la misma cantidad de votos, pero los rechazó en el Senado. En la revisión volvieron, pero quedan batallas por librarse.

«A veces nos ponemos en modo estúpido»

Miguel Pichetto dedicó la mitad de su discurso en la sesión a advertir la disfuncionalidad de que el Senado resignase su rol de cámara federal y, por eso, comprometida a defender los intereses de las provincias. “Fue un grave error haberlo derogado. El Presidente -dijo con alusión a Milei, que votó como Diputados por la eliminación que propuso Massa- tiene algo que ver con esta derogación«. Fue duro con el Presidente, que lo había castigado por rechazar las jubilaciones a los expresidentes: «A veces nos ponemos en modo estúpido». Pichetto impuso su hipótesis de que el Senado había repuesto los dos tributos al votarlos en general, aunque después los bajase con el voto en particular.

Chubut lleva Ganancias a la Justicia

Pero algunos gobernadores de la Patagonia van a judicializar el entuerto. No les es fácil, porque para atacar lo votado ante la Justicia, 1) hay que tener un caso; y 2) hay que ser parte interesada -y este tributo se cobra a los trabajadores, no a los Estados-. El gobernador del PRO de Chubut, Nacho Torres, dijo este fin de semana que irá a la Justicia contra esa cláusula. Se apoya en la opinión de su vicegobernador, el constitucionalista radical Gustavo Menna, de que esos impuestos se han aprobado con el voto de una sola cámara. Torres se quejó de que el Impuesto a las Ganancias no contempla “zona desfavorable” en el mínimo no imponible que se planteó para la región, con lo cual afectará a los trabajadores petroleros, de la construcción, minería y otros.

Debutantes y dinosaurios

No debe extrañar que, en el Congreso, el Senado deje de representar plenamente el interés de la provincias, siendo la cámara federal. “En mi larga vida parlamentaria y en el análisis político-parlamentario argentino, nunca he visto el comportamiento de un Senado que no se ocupa de la situación de las provincias que representa”, dijo Pichetto, que ha visto todo. La Cámara de Diputados, que representa al pueblo, asumió en la emergencia la defensa los intereses de las provincias y repuso los tributos que habían sido derogados en momentos de extremada frivolidad y demagogia. El sistema paga, además, el costo del estallido de la liga de los gobernadores peronistas, eje de las construcciones anteriores a 2023. Ya no son mayoría en el conjunto y encima, se dividen entre hostiles (encabezados por Kicillof) y colaboracionistas (Jaldo, Saénz, Jalil, más Gerardo Zamora, siempre en el medio). Los gobernadores que fueron de Juntos por el Cambio son ya una decena, y los armoniza Rogelio Frigerio, que sabe de provincias por su experiencia de consultor y de ministro en un gobierno federalista como fue el Macri.

A estas disfuncionalidades hay que agregar la demografía de los gobernadores: la mayoría tienen poca experiencia y son debutantes en el cargo. Los tres distritos más grandes tienen gobernadores jóvenes, Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Maxi Pullaro (Santa Fe), dos de ellos sin reelección a la vista. Con este mapa, no extraña que la suerte del Gobierno en el Congreso dependa de dinosaurios preexistentes: Macri, que es el jefe del PRO y el único sostén del gobierno en Diputados, y dos árbitros de la oposición amigable: Pichetto en Diputados y Juan Carlos Romero en el Senado. Este trío es el que puede sostener el tinglado de disfuncionalidades.

Anomalías y disfuncionalidades

La «anomalía» (así la llamó Pichetto) de un Senado que renuncia a ser cámara federal es parte de las disfuncionalidades que amenazan la fortaleza del sistema político argentino, que es tan fuerte que resiste a los Albertos y a los Mileis. Alberto era el eslabón más débil de la trifecta presidencial que integraba junto a Cristina de Kirchner y Sergio Massa. Accedió al cargo «puesto» por la vicepresidenta. Nunca se emancipó, aunque simulaba gestos de independencia. Ella se dedicó a esmerilar su gestión desde el primero al último día de gobierno. Milei prolonga las disfuncionalidades. Es presidente por la activación del fusible del balotaje después de la derrota de las dos coaliciones mayoritarias que dominan el voto popular y el Congreso. Sin partido, ni electorado ni programa, gobierna con partidos y dirigentes que fueron elegidos para ser oposición. Su suerte depende de un programa del cual no es dueño, se lo prestó Cambiemos, y que justifica con ocurrencias más que con ideas.

Sobreactuaciones

La ausencia de liderazgos fuertes le quita autoridad a los jefes formales de los partidos amigos del Gobierno. De Loredo, cuando ya se había acordado el apoyo de los bloques dialogantes, buscó convertirse en autor de ese empeño. Fue a decírselo el miércoles por la mañana a Macri. He llevado a los gobernadores radicales al acuerdo, presumió. Ese mismo día almorzó en el Senado con legisladores de ese partido, a quienes les contó la cita con Mauricio -lo escucharon Víctor Zimmermann, «Peteco» Vischi y Pablo Blanco-.

No conforme con esto, llevó a los diputados radicales «sin techo» (de provincias donde la UCR no es gobierno) para que le asegurasen el voto a favor de las leyes ante el mismo Guillermo Francos, que los recibió en Casa de Gobierno. Era redundante, salvo como intento de exaltarlo a De Loredo ante quienes cree pueden apoyarlo en su disputa cordobesa contra Luis Juez.

Sirvió para que Banfi plantease al jefe de gabinete el malestar de los bonaerenses por la posibilidad de que la planta de licuación de gas natural, que planean montar YPF y Petronas para exportar ese insumo, se haga en Río Negro y no en Bahía Blanca. La legisladora repitió el reproche del CFI: benefician con plata y obras a quienes no les votan las leyes, y nos tratan a nosotros, que apoyamos, como enemigos. Francos admitió que la sede de esa planta irá a una provincia que adhiera el régimen RIGI de promoción industrial. Banfi estuvo tan enfática que Francos ofreció: «-Si quieren los reúno con el presidente de YPF». Se lo aceptaron en el acto.

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