La justicia estadounidense reveló cuáles son los activos argentinos que los acreedores pueden embargar

Los representantes legales de la Argentina y los del fondo Attestor Master Value se reunieron en la Corte Apelaciones del segundo circuito de Nueva York para discutir los posibles embargos de bienes argentinos en una audiencia pública. Si bien esos activos fueron declarados como confidenciales y, por ello, no se hizo una referencia directa, la conversación dio pistas sobre cuáles son los bienes embargables de la Argentina.

Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue de cerca los litigios internacionales contra el país, indicó en su cuenta de X que se trata de bonos del Tesoro estadounidense que Argentina utilizaba como colateral de los “Bonos Brady” que vencieron el 31 de marzo de 2023.

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“Hasta esa fecha, estuvieron depositados en la sucursal Nueva York de la Reserva Federal de Estados Unidos y tenían un valor de unos US$80 millones. Luego del vencimiento, cuando ya no se necesitaban como colateral, aparentemente la Argentina trajo esos bonos al Banco Central, aunque no está confirmado”, explicó Maril a TN.

La jueza de primera instancia, Loretta Preska, ya había fallado a favor de Attestor Master Value por US$477 millones y había autorizado al fondo a embargar estos bonos. El reclamo es por el default de la deuda tras la crisis de 2001 y la Argentina está apelando la sentencia adversa. De todos modos, Maril indicó que hay otros cinco fondos que también podrían buscar embargar los mismos títulos.

Qué fueron los bonos del “Plan Brady”

A fines de la década del ‘80, los países de América Latina vivieron una crisis de deuda por los préstamos que tenían con bancos comerciales estadounidenses. Por ese entonces, los gobiernos usaban esa vía como su principal forma de financiación en lugar del mercado de deuda soberana.

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El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas Brady, diseñó un plan para que los países latinoamericanos canjearan sus préstamos bancarios por bonos respaldados por el Tesoro estadounidense. “En lo que entonces supuso una estrategia novedosa, los bancos acordaron un muy necesitado alivio de la deuda —la reducción promedio fue del 35%— a cambio de instrumentos negociables sin riesgo”, explica el blog del FMI.

La Argentina ingresó al “Plan Brady” en 1993 y reestructuró su deuda mediante la emisión de bonos que tenían como colateral a los títulos del Tesoro que ahora están sujetos a embargos. Para ingresar al plan, además, los países hicieron una serie de concesiones y se comprometieron a aplicar determinadas políticas de orden fiscal y ajuste con el objetivo de transmitir confianza a los inversores.

La agenda legal que espera a Javier Milei

Además de la audiencia del último viernes, los representantes legales argentinos tienen otras citas en los próximos días. El 9 de febrero, la Argentina se tiene que presentar ante el juez Jia M. Cobb en Washington DC para establecer las bases de embargos que sufrirá el país si no abona la sentencia por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El magistrado también citó a Titan Consortium, el fondo que demanda al país y que ya tuvo un fallo favorable por US$340 millones.

El 12 de marzo, el país enfrenta otra audiencia en la Corte de Apelaciones de Washington por el embargo de un inmueble perteneciente al Estado argentino ubicado en esa ciudad. Es por el juicio que el fondo Bainbridge le ganó al país por US$96 millones. Por esa misma sentencia, el fondo Bainbridge también tiene pendiente de presentación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York una lista de activos argentinos que se pueden embargar.

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También hay posibles embargos pendientes en el litigio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska obligó a la Argentina a pagar US$16.100 millones a los fondos Burford Capital y Eton Park por el tratamiento diferencial que tuvieron los accionistas minoritarios la forma en que se nacionalizó la compañía en 2012.

El gobierno de Javier Milei le había pedido a la magistrada que extendiera la fecha de inicio de los posibles embargos, pero la jueza se negó y el procedimiento arrancó a partir del 11 de enero. Sin embargo, la dificultad para los demandantes radica en encontrar activos embargables de la Argentina en el exterior.