martes, 18 junio, 2024
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El Gobierno impulsa por ley un examen obligatorio al final de la secundaria

Hay dos domingos de octubre en los que todo Brasil se detiene. Son los domingos el los que casi 10 millones de estudiantes secundarios de todo ese país dan su examen final de la escuela media: el ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Para esa prueba se preparan durante todo el año, porque su puntaje les sirve -entre otras- para entrar a universidades muy disputadas u obtener becas.

Algo similar -aunque con diferencias- podría ocurrir en la Argentina si avanzan las iniciativas del gobierno de Milei sobre educación que están incluidas en la llamada ley ómnibus que acaba de enviar al Congreso.

Una de esas reformas consiste en establecer un examen obligatorio para todos los alumnos secundarios que terminan el ciclo. Una prueba tomada por Nación que mida los aprendizajes adquiridos.

Además, en el ambicioso proyecto -elaborado por el economista Federico Sturzenegger- hay otras iniciativas relacionadas a la educación, como abrirles a todos los padres el acceso a los resultados de la prueba Aprender, la evaluación periódica de los docentes, o habilitar a las universidades nacionales a cobrarles a los estudiantes extranjeros, entre otros.

En su artículo 553, el proyecto enviado al Congreso especifica que «los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos«.

Pero abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los miles de extranjeros que vienen a la Argentina sólo en busca de un título. Plantea que «las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos» enumerados anteriormente.

«Derecho a conocer»

El examen de finalización de la secundaria forma parte de las reformas que apuntan -en la ley ómnibus- a la transparencia de la información educativa.

La ley impulsada por el Gobierno establece que “todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad de aplicación”.

Y que “al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan. El alumno tendrá derecho a conocer y recibir una certificación del resultado.”

El artículo es bastante ambiguo y no queda claro aún cómo será y qué finalidad tendrá este examen de finalización de la secundaria. De avanzar así, la implementación dependerá de futuros acuerdos en el marco del Consejo Federal de Educación.

En el mundo hay diversos modelos de examen de finalización de la secundaria. En el caso del ENEM, de Brasil, o el de Corea la prueba sirve como un puntaje para entrar a la universidad. El de Brasil tiene otra diferencia al propuesto aquí, y es que allí no es obligatorio. Hay otros modelos, como en Francia o Italia, donde se usa para acreditar conocimientos.

Por lo que surge de la ley enviada al Congreso, el objetivo aquí es que el alumno tenga “el derecho a conocer y recibir una certificación del resultado”. Eso abriría la puerta a que empresas o -incluso universidades- pida ese puntaje como requisito antes de incluir a un joven.

Desde el gobierno le dijeron a Clarín que el espíritu que se desprende de la ley no es ese. Que los datos van a ser privados y lo que se busca es tener “buena información para tomar decisiones públicas”.

Voces a favor y en contra

Clarín consultó a especialistas sobre el proyecto presentado en el Congreso este miércoles y las opiniones son variadas con diversos puntos de vista.

Guillermina Tiramonti, por ejemplo, dice que “empezar un cambio con el examen final no parece adecuado porque convalida lo existente que sabemos que debe ser cambiado. Estoy de acuerdo con un examen final pero una vez que hagamos de la escuela secundaria un nivel educativo acorde con las características contemporáneas de la cultura”.

“Estoy de acuerdo con aumentar las exigencias, sólo que no tiene sentido hacerlo si conservamos contenidos y practicas antiguas”, agregó.

Para Jaime Correas, ex ministro de Escuelas de Mendoza e integrante de la Coalición por la Educación, la medida “es un enorme avance porque tiende a evitar el simulacro de decir que muchos chicos saben lo que no saben porque les ponen 10 o los aprueban sin den pruebas de haber aprendido. El famoso caso de Carlitos Teves, ocho años de escuela sin aprender a leer y pasando todos los años”.

“En Mendoza no alcanzaron las vacantes de todos los colegios que dependen de la UNCuyo para que entraran los promedio diez. Había 1.100 vacantes y había casi 1.300 promedios 10. Imposible, nunca sucedió. Un examen puede ser un puente para una conversación del sistema muy distinta, donde al menos se tenga un verdadera noción de qué aprendió cada uno. Luego, para dar vuelta una inercia de años, los especialistas deben indicar caminos para transformar esa evaluación en políticas públicas que mejoren los aprendizajes. Un cambio de 180 grados con respecto a la fobia evaluadoras de los años kirchneristas”, agregó.

Correas propone que en la escuela primaria también se tome una prueba de diagnóstico, para ver cuánto aprendieron los alumnos.

Para Gustavo Zorzoli, ex rector del Nacional de Buenos Aires, «es una primera iniciativa que intenta recuperar una mirada acerca de la finalidad primera y última de la escuela: la enseñanza y por ende el logro de aprendizajes significativos de toda la ciudadanía. En tal sentido puede ser el puntapié inicial para un cambio crucial sobre el lugar que le cabe a la institución escuela».

«El hecho de que el Estado asuma la responsabilidad de conocer la situación de los egresados con el fin de tener información fiable que permita a las autoridades tomar decisiones de política educativas sectoriales es hoy fundamental y por otra parte es un derecho de cada individuo conocer con qué conocimientos y capacidades egresa de la educación obligatoria», agregó.

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