Un ex técnico bioquímico presentó una denuncia penal contra cinco funcionarios nacionales y provinciales por presuntas irregularidades en el mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, que podría generar fugas, derrames o explosiones con impacto en el río Limay y la población.
La situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Arroyito derivó en una denuncia penal contra cinco funcionarios nacionales y provinciales por presuntas irregularidades vinculadas al mantenimiento de la planta y el riesgo ambiental asociado a la instalación nuclear. La presentación judicial fue realizada por el ex técnico bioquímico Aldo Héctor Villavicencio ante el Ministerio Público Fiscal y reclama una medida cautelar urgente para garantizar la conservación operativa del predio.
Entre los denunciados figuran autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), del Ministerio de Economía y directivos de la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI). Según el escrito, la planta permanece inactiva desde 2017 y perdió su contrato de mantenimiento el 31 de octubre de 2025, luego de que la CNEA decidiera no renovar el acuerdo vigente desde 2019 para sostener las tareas técnicas y operativas del complejo.
La denuncia sostiene que ENSI continuó con las tareas de conservación pese a la falta de financiamiento nacional y cubrió los costos con recursos provenientes de otras áreas rentables vinculadas al sector hidrocarburífero. El planteo judicial también cuestiona a los representantes de la empresa estatal por no haber iniciado reclamos formales para exigir el pago de los servicios prestados desde noviembre de 2025.
En la presentación se advierte que las unidades de proceso de la PIAP contienen amoníaco líquido y gaseoso, amiduro de potasio, nitrógeno e hidrógeno con altas proporciones de deuterio. “La falta de mantenimiento adecuado puede derivar, en cualquier momento, en fugas, derrames o explosiones con consecuencias impredecibles sobre el río Limay, los ecosistemas aledaños y la población de la región”, señaló el denunciante en el documento.
Villavicencio calificó la conducta atribuida a funcionarios de la CNEA como posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta, al considerar que abandonaron la conservación de un activo estratégico del Estado nacional sin establecer una alternativa operativa. La denuncia también alcanza a directores de ENSI por la ausencia de reclamos administrativos o judiciales relacionados con los costos de mantenimiento acumulados durante los últimos meses.
La cautelar presentada solicita que la CNEA asuma en un plazo máximo de cinco días todos los costos de conservación de la PIAP, incluidos salarios del personal, adquisición de insumos y tareas de monitoreo técnico. En caso de incumplimiento, el pedido judicial plantea que la Provincia del Neuquén cubra esas obligaciones de manera solidaria con posibilidad de repetir posteriormente contra la CNEA.