Millonaria denuncia por presunta estafa en el desarrollo inmobiliario «Vivo Confluencia»

Familias damnificadas acudieron a la Justicia contra la firma VM S.R.L. Estiman que el perjuicio global supera los 14 millones de dólares.

Las familias compradoras de viviendas en el desarrollo «Vivo Confluencia» presentaron una demanda ante la paralización total de las obras prometidas. La presentación judicial por presunta estafa y defraudación apunta contra la firma VM S.R.L., encargada de la construcción de ciento cincuenta y cinco unidades habitacionales bajo la modalidad de compra en pozo. Hasta el momento, la empresa constructora solo finalizó y otorgó las llaves de dieciséis departamentos, mientras que el resto de los inmuebles se encuentra en estado de abandono o sin registrar inicios de tareas en el terreno.

La sospecha de una maniobra de estafa a gran escala surgió al analizar los montos económicos que aportaron los damnificados para ingresar al proyecto edilicio. Cada unidad habitacional poseía un valor de mercado base cercano a los cien mil dólares, situación por la cual el perjuicio global supera holgadamente la cifra de catorce millones de la moneda estadounidense. El emprendimiento privado se había lanzado al mercado en el año 2016 con la promesa de una entrega escalonada de viviendas dividida en ocho etapas consecutivas, plazos que expiraron de manera definitiva.

Los afectados expresaron su preocupación por la aparente lentitud en el avance de la causa que investiga esta supuesta estafa corporativa. El abogado que patrocina a seis de las familias damnificadas, Leonel Herrera Montovio, criticó la parsimonia judicial y expresó que los damnificados «esperaban mayor actividad del Ministerio Público Fiscal». El letrado agregó además que los integrantes de la desarrolladora inmobiliaria pertenecen a círculos comerciales reconocidos de la región y que la maniobra «se pudo realizar a través de ese abuso de confianza».

La situación legal de la firma constructora sumó mayor complejidad debido a la apertura de un concurso preventivo de acreedores en los tribunales de la ciudad rionegrina de Cipolletti. Los denunciantes rechazaron los argumentos de la empresa, cuyos responsables atribuyen la parálisis de los trabajos a dificultades financieras vinculadas al contexto económico general. Para el abogado de las familias, la escala del incumplimiento excede cualquier contratiempo financiero común, debido al enorme volumen de departamentos que jamás se construyeron para los adjudicatarios.

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Neuquén tomó intervención directa en el caso para recolectar las pruebas e iniciar las pericias contables sobre la firma denunciada. Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar la existencia de conductas delictivas en el proceso de comercialización. Mientras la investigación judicial avanza, los compradores exigen el resguardo de los activos de la empresa para asegurar una futura compensación por los ahorros familiares invertidos.