Una mujer residente en Edimburgo fue imputada en la investigación por presuntas estafas vinculadas a viajes turísticos y programas de estudio en Europa, que habrían sido realizadas a través de la agencia “Live Up Trips” entre 2023 y 2024.
La investigación por presuntas estafas vinculadas a viajes turísticos y programas de estudio en Europa sumó este martes una nueva imputada. Se trata de una mujer residente en Edimburgo, Escocia, que habría integrado la estructura detrás de la supuesta agencia “Live Up Trips”, utilizada —según la acusación— para concretar maniobras fraudulentas entre 2023 y 2024.
Durante una audiencia virtual, la Fiscalía reformuló los cargos contra dos hermanos ya imputados y precisó con mayor detalle las maniobras atribuidas. En cada uno de los hechos incorporó además a la nueva sospechosa, señalada como la persona encargada de emitir y enviar facturas apócrifas desde el Reino Unido.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización funcionaba a través de una aparente asociación entre una empresa de cursos de inglés radicada en Catriel y una firma domiciliada en Escocia. El único hombre imputado promocionaba los viajes y cobraba parte de los pagos en Argentina, mientras que desde Europa se remitía documentación respaldatoria falsa para sostener el engaño.
Las víctimas denunciaron haber contratado paquetes turísticos internacionales y programas para estudiar inglés en el exterior que finalmente no se concretaron en las condiciones prometidas. En varios casos, los viajeros quedaron varados en Europa y debieron afrontar por cuenta propia los gastos de regreso.
Cuatro hechos y más de 60 mil dólares de perjuicio
Según detalló el fiscal, una familia de Villa Regina contrató un paquete turístico denominado “los mares del norte” y pagó 4.250 dólares para seis personas. Parte del dinero fue entregado directamente al imputado argentino y otra parte mediante plataformas virtuales. Una vez en Escocia, descubrieron que no existían los pasajes de regreso ni otros servicios contratados.
Otra víctima de la misma localidad abonó alrededor de 5.500 libras esterlinas para realizar un viaje similar y también constató durante su estadía la inexistencia de vuelos y prestaciones incluidas.
En otro de los hechos investigados, una mujer oriunda de Catriel fue convencida de contratar un viaje a Escocia para aprender inglés. Pagó 1.500 dólares en efectivo y otras 4.800 libras esterlinas mediante transferencias. Al llegar a Europa comprobó que los servicios prometidos no existían.
La cuarta denunciante entregó cerca de 6.000 libras esterlinas por un paquete semejante y también quedó varada en el exterior, debiendo costear alojamiento y pasajes de regreso.
La Fiscalía estimó que el perjuicio económico total asciende a unos 60.250 dólares, incluyendo aproximadamente 15 mil dólares correspondientes a gastos extras afrontados por las víctimas durante su permanencia obligada en Europa.
La investigación apunta a una estructura organizada
Para los investigadores, cada estafa constituye un hecho independiente, aunque todas presentan un mismo patrón de funcionamiento y tienen como protagonistas a los dos hermanos imputados y a la mujer residente en Edimburgo.
La acusación incorporó una extensa cantidad de evidencia documental, entre ellas denuncias, itinerarios de viaje, formularios online, comprobantes de pago, conversaciones por mensajería instantánea, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales donde se promocionaban los paquetes turísticos.
También se sumaron facturas emitidas desde Escocia, documentación bancaria, informes de AFIP y del Banco Central, además de un acta manuscrita certificada por escribano en Edimburgo en la que se reconocían deudas millonarias en libras esterlinas y compromisos de cobertura de gastos.
La Justicia deberá avanzar con cooperación internacional
Respecto de la nueva imputada, el fiscal explicó que será necesario avanzar con medidas de cooperación internacional para obtener información sobre sus datos personales, situación laboral y posibles vínculos comerciales con las empresas investigadas.
La jueza de Garantías dispuso que los pedidos sean canalizados a través de la Cancillería argentina, que deberá intervenir para tramitar la asistencia judicial con las autoridades británicas.
Pese a los cuestionamientos de la defensa sobre la formulación original de cargos, la magistrada dio por válida la reformulación presentada por la Fiscalía y permitió continuar con la investigación penal.