La Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud intimaron al gremio UPCN a garantizar servicios esenciales en hospitales, tras un incidente crítico en el Hospital Castro Rendón.
La Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén intimaron al gremio UPCN a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en todos los establecimientos sanitarios de la provincia. La notificación oficial estableció como prioridad absoluta la entrega de medicamentos en las farmacias hospitalarias, el cumplimiento de los turnos programados y la continuidad de las prestaciones que no admiten interrupción por medidas de fuerza.
La situación alcanzó su punto más crítico en el Hospital Provincial Castro Rendón, donde se registró la negativa de entrega de medicación a un paciente inmunosuprimido, cuya condición pone en riesgo inminente la vida ante cualquier interrupción del tratamiento. El hecho ocurrido en la farmacia del Castro Rendón precipitó la respuesta oficial. Un paciente inmunosuprimido posee un sistema inmunológico con capacidad reducida para enfrentar infecciones, situación que hace que cualquier interrupción en su tratamiento —ya sea por trasplantes, quimioterapia o enfermedades crónicas— derive en consecuencias potencialmente fatales.
Ante este escenario, tanto la Subsecretaría de Trabajo como el Ministerio de Salud emitieron una advertencia formal al sindicato. «No se permitirá que se afecten los derechos de los pacientes», indicó el comunicado, que precisó además la obligatoriedad de mantener activos los servicios esenciales sin excepción.
La intimación detalló una serie de exigencias concretas para el gremio. La provisión de medicamentos y tratamientos debió quedar garantizada sin obstáculos de ningún tipo, al tiempo que el sindicato tuvo la obligación de evitar cualquier conducta que pusiera en riesgo la continuidad asistencial o afectara los derechos de personas ajenas al conflicto. Guardias, emergencias y terapias intensivas debieron contar con planteles mínimos suficientes para su funcionamiento.
«El derecho a huelga no puede poner en juego la salud y la vida de la población», subrayaron las autoridades provinciales. Trabajo y Salud rechazaron los fundamentos del quite de colaboración que el gremio UPCN inició el 7 de mayo, al que calificaron de improcedente por no existir incumplimientos reales por parte del Estado provincial que lo justificaran. Las autoridades subrayaron que el respeto al derecho de huelga no implica la aceptación de medidas que comprometan la atención sanitaria de la población.
El conflicto involucró incidentes en la sede del Centro Administrativo Ministerial (CAM) y en distintos hospitales de la provincia, donde el accionar gremial afectó el funcionamiento habitual de las tareas administrativas y asistenciales. Como consecuencia de esos episodios, la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud informaron que evaluaron el inicio de una denuncia penal por entorpecimiento del desarrollo laboral.
«Esta medida responde a las situaciones registradas tanto en el CAM como en diversos hospitales, donde el accionar gremial afectó el normal desenvolvimiento de las tareas y la prestación de los servicios esenciales», precisó la notificación.