La Justicia de Neuquén fijó para el 27 de mayo la audiencia de control de acusación en la causa por el ataque a docentes ocurrido en el Instituto de Formación Docente 12.
La Justicia de Neuquén fijó para el 27 de mayo la audiencia de control de acusación en la causa por el ataque a docentes. Este paso procesal es indispensable para dar inicio al juicio oral y público contra la acusada, una mujer de apellido Farías.
El hecho ocurrió dentro de las instalaciones del Colegio San Martín, donde funciona el Instituto de Formación Docente 12, y generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa provincial. El abogado querellante Mariano Mansilla, representante del gremio ATEN, expresó su expectativa de una condena ejemplar que siente un precedente para la protección de los docentes mientras realizan sus labores en las aulas.
Según la querella, la agresora cuenta con antecedentes delictivos graves y múltiples denuncias previas por hechos de violencia. El letrado remarcó que la imputada ingresó al establecimiento con un nivel de agresividad que descarta un simple arrebato emocional y calificó su accionar como una conducta criminal recurrente.
La evidencia central del expediente incluye un video filmado por un estudiante donde se observa la violencia física ejercida sobre las docentes. El registro audiovisual muestra cómo la mujer tiró del pelo, golpeó e incluso intentó ahorcar a las trabajadoras de la educación frente a los estudiantes. Mansilla describió la técnica de la atacante: «Son golpes de alguien que sabe golpear, tipo boxeador».
Como consecuencia de las agresiones, las damnificadas sufrieron diversas lesiones en el rostro y daños emocionales profundos. Una de las profesionales afectadas requirió tratamiento psicológico continuo durante casi un año para superar las secuelas del incidente.
La fiscalía y la querella confían en que el debate oral permita visibilizar la vulnerabilidad del personal escolar ante situaciones de inseguridad dentro de los edificios públicos. Aunque la calificación legal se centra en lesiones leves y amenazas, la acusada enfrenta la posibilidad de una pena de cumplimiento efectivo debido a sus condenas anteriores.
Este juicio se desarrolla en un contexto de reclamo gremial por la aplicación de la ley provincial de protección al personal educativo. «Este proceso busca sentar un precedente pionero», sostuvo el abogado Mansilla y defendió una política de impunidad cero ante la violencia escolar.