La jueza de garantías Carina Álvarez formuló cargos contra doce integrantes de la comunidad Campo Maripe por el delito de turbación de la posesión, tras una denuncia por bloqueos y amenazas en una cantera ubicada en Añelo, en la zona de Vaca Muerta.
La jueza de garantías Carina Álvarez formuló cargos contra doce integrantes de la comunidad Campo Maripe por el delito de turbación de la posesión, tras una denuncia vinculada a bloqueos y amenazas en una cantera ubicada en Añelo. La resolución judicial incluyó medidas cautelares para impedir nuevos obstáculos de acceso al predio y un plazo de cuatro meses para que la fiscalía avance con la investigación del caso.
Según la acusación presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid, el hecho ocurrió el 24 de enero de 2026 cerca del mediodía. De acuerdo con la investigación, un grupo de personas interceptó a trabajadores que se dirigían a iniciar tareas de explotación minera en una cantera y les impidió el ingreso mediante bloqueos sobre el camino de acceso. La fiscalía sostuvo además que existieron amenazas de daños e incendio de vehículos, situación que obligó a los operarios a retirarse del lugar.
La investigación indicó que integrantes de la comunidad permanecieron en el sector hasta el 5 de marzo mediante una ocupación sostenida con estructuras precarias y recambio de personas. La fiscalía afirmó que esa permanencia provocó un perjuicio económico al impedir el desarrollo de la actividad minera prevista en el inmueble.
Como parte de la evidencia incorporada al expediente, el Ministerio Público Fiscal detalló denuncias, testimonios, registros audiovisuales, actas policiales y documentación vinculada a la titularidad de las tierras involucradas.
La defensa planteó que el conflicto se originó en una disputa territorial todavía no resuelta y señaló que el relevamiento establecido por la ley 26.160 aún no concluyó. También argumentó que la comunidad realizó una denuncia el mismo día de los hechos por la actividad minera que la familia Acuña pretendía desarrollar en el lugar sin consulta previa. Además, los defensores rechazaron las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía e intentaron recusar a la magistrada, aunque ese planteo no prosperó durante la audiencia.
La jueza consideró que el título de propiedad otorgado por la provincia a la familia Acuña en 2023 mantiene plena vigencia y sostuvo que los hechos descriptos por la fiscalía no recibieron un cuestionamiento suficiente por parte de la defensa. Por ese motivo, tuvo por formulados los cargos contra los integrantes de la comunidad y habilitó el inicio formal de la etapa investigativa.
Álvarez tampoco aceptó el agravante vinculado con la participación de menores de edad, al entender que su presencia en el lugar tuvo carácter incidental y no implicó una intervención directa en el hecho atribuido.
Como medida cautelar, la magistrada ordenó a los imputados abstenerse de realizar actos que afecten la posesión del inmueble o que bloqueen caminos y accesos vinculados con la cantera. También prohibió cualquier contacto con el denunciante, integrantes de su familia y trabajadores relacionados con la actividad minera. Además, rechazó el pedido de devolución de un vehículo secuestrado y mantuvo vigentes las órdenes de secuestro sobre otros rodados al considerar que podrían quedar sujetos a decomiso en caso de una eventual condena.