La Legislatura de Río Negro aprobó una normativa que exige a los conductores que provoquen accidentes de tránsito reintegrar al Estado los costos de atención médica no cubiertos por obras sociales o seguros, especialmente en casos de alcohol, drogas o infracciones graves.
Viedma.- La Legislatura de Río Negro sancionó una ley que obliga a los conductores responsables de siniestros viales a reintegrar al Estado los gastos médicos, cuando estos no estén cubiertos por obras sociales o seguros. La medida apunta especialmente a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, y busca generar un mayor nivel de responsabilidad sobre las consecuencias económicas de los hechos viales.
La normativa alcanza a conductores que provoquen accidentes en condiciones consideradas de alto riesgo, como manejar alcoholizados o bajo consumo de drogas. También incluye otras infracciones graves como el exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o conducir sin licencia. En estos casos, el Estado podrá reclamar el reintegro de los costos de atención médica cuando no exista cobertura.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de Río Negro, que tendrá la facultad de iniciar acciones judiciales en caso de incumplimiento. Además del recupero de gastos, la ley establece la obligatoriedad de realizar capacitaciones en seguridad vial para los infractores.
El proyecto fue impulsado por el legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos, y había obtenido media sanción en diciembre de 2025. En esta segunda vuelta, la iniciativa fue aprobada con 24 votos a favor y 17 en contra, quedando definitivamente sancionada.
Durante la misma sesión, los legisladores aprobaron la creación del Observatorio Provincial de Arbolado Público. El organismo tendrá como objetivo relevar, monitorear y gestionar el arbolado urbano con foco en especies autóctonas, mediante censos periódicos, evaluación sanitaria y políticas de reforestación. La iniciativa prevé la participación de organismos públicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.
Ambas leyes deberán ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo provincial para su implementación efectiva. Con estas medidas, la provincia busca avanzar tanto en la prevención de siniestros viales como en la gestión ambiental del espacio público.