Un fallo judicial exige al Poder Ejecutivo poner en funcionamiento un sector inactivo de la cárcel, tras constatar que entre 90 y 100 condenados permanecen en dependencias policiales de la Primera Circunscripción.
La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, intervino ante un recurso de habeas corpus originado por las condiciones de detención en la Comisaría 7 de Plottier. La magistrada analizó las pruebas presentadas por la Defensa Pública y confirmó que existen entre 90 y 100 condenados alojados en dependencias policiales de la zona.
La resolución desestimó un traslado inmediato de detenidos a la Unidad 11 para evitar trasladar el problema de hacinamiento. En su lugar, demandó al Poder Ejecutivo un informe técnico, en un plazo de diez días, sobre la falta de operatividad del pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11.
Este sector, que cuenta con 26 celdas individuales, permanece sin uso desde su inauguración en diciembre de 2025. La jueza remarcó que la obra «se inauguró el 8 o 9 de diciembre, pero hoy, cuatro meses después, no está operativo».
La orden judicial establece un término de 30 días hábiles para la puesta en funcionamiento de este espacio, con el fin de aliviar la carga de las comisarías locales. La magistrada señaló que la permanencia de personas con condena firme en sedes policiales representa una falla en la estructura del sistema penitenciario, ya que «las comisarías son para detenciones transitorias, no para cumplir condenas».
El fallo también mencionó la afectación de las tareas de prevención policial debido a la custodia de detenidos. La Fiscalía de Estado apeló la resolución, por lo que el cumplimiento de los plazos quedó bajo revisión de las instancias superiores del Poder Judicial.