La Justicia formuló cargos contra cuatro individuos tras allanamientos donde se incautaron más de dos kilos de drogas y una importante suma de dinero. La fiscalía describe una organización con roles definidos para la venta en el mercado local.
La Justicia realizó la formulación de cargos contra cuatro personas tras el secuestro de más de dos kilos de drogas y una importante suma de dinero en efectivo durante tres allanamientos en Zapala. Según la acusación fiscal, los implicados mantenían una estructura con roles definidos para asegurar el flujo de las drogas en el mercado local. Una de las mujeres imputadas se encargaba del traslado de la mercadería hacia la ciudad, mientras que otro de los acusados lideraba las ventas directas.
El grupo realizaba maniobras de entrega rápida y utilizaba transferencias bancarias para administrar los ingresos económicos de la actividad ilícita. La fiscalía destacó la existencia de una organización previa y funcional que permitía el funcionamiento constante del negocio ilegal. La fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez detallaron que durante el operativo incautaron cocaína, cogollos de marihuana, balanzas y teléfonos celulares.
La investigación se extendió desde enero hasta los primeros días de abril y fue el punto de partida para dar con una red que operaba de manera coordinada para la distribución de sustancias en distintos puntos de la localidad. Durante los procedimientos realizados en viviendas particulares y en una habitación de hotel, los agentes encontraron un total de 3,5 millones de pesos. Además del dinero, el hallazgo de las drogas fraccionadas y los elementos de pesaje confirmaron la hipótesis de la comercialización agravada por la participación de más de tres personas.
La jueza de garantías, Leticia Lorenzo, avaló los cargos presentados y dispuso un plazo de cuatro meses para profundizar la investigación sobre el origen de la droga. Como medida cautelar, dos de los principales sospechosos permanecerán bajo prisión preventiva, en modalidad domiciliaria, por un período de sesenta días para evitar el riesgo de fuga. Para los otros dos integrantes del grupo, considerados partícipes secundarios, la magistrada no aplicó restricciones de circulación, aunque continuarán ligados al proceso judicial mientras se analizan los teléfonos y la documentación contable secuestrada.
En declaraciones radiales en Nacional Neuquén, la fiscal Pizzipaulo admitió que solicitaron la prisión domiciliaria porque no hay lugares en unidades de detención y en comisarías disponibles en la región. La provincia de Neuquén atraviesa una superpoblación carcelaria, situación que obligó a intervenir a la justicia y el Ejecutivo aplicó una Ley de Emergencia para atender la problemática. Al no haber cupos disponibles en unidades de detención, los fiscales no pueden pedir la prisión preventiva como medida para los imputados.