La Justicia de Neuquén resolvió un caso de caza furtiva mediante un acuerdo que impone una multa económica y tareas comunitarias a dos personas. Los fondos serán destinados a instituciones locales de bien público.
La Justicia de Neuquén resolvió un caso de caza ilegal mediante un acuerdo de reparación que impone severas multas económicas y servicios a la sociedad. El Ministerio Público Fiscal determinó que los dos involucrados, capturados en las cercanías de un puesto rural, entreguen un total de seis millones de pesos a entidades de bien público.
La fiscal Inés Gerez explicó que esta actividad afecta de forma directa a la fauna y la seguridad de la zona, por lo que se aplicaron medidas de cumplimiento obligatorio en un plazo de cuatro meses. El episodio de caza ocurrió durante la noche del pasado 31 de marzo, cuando agentes de Fauna divisaron una camioneta con elementos sospechosos en el sector de Puesto Aucapán.
Al revisar el vehículo, los efectivos hallaron una cabeza de ciervo de dieciséis puntas que pertenecía a una estancia cercana, donde luego aparecieron las partes restantes del animal. Los imputados trasladaban además un fusil con mira de alta precisión y supresores de sonido, herramientas que fueron entregadas al Estado provincial como parte de las condiciones pactadas para cerrar el proceso.
Las pericias sobre el armamento utilizado en la caza revelaron que uno de los sujetos tenía sus credenciales de legítimo usuario vencidas desde hace más de una década. Esta situación agravó la calificación legal del hecho, que incluyó la tenencia ilegítima de armas de guerra.
El dinero recaudado por la sanción se repartirá en cuotas iguales entre una casa dedicada a las infancias y un merendero municipal de la localidad cordillerana, bajo la supervisión de los organismos de defensa de los derechos de niños y adolescentes. Además de la sanción económica, el juez Maximiliano Bagnat avaló la realización de trabajos comunitarios para ambos implicados como forma de resarcir el daño al entorno natural.
Uno de los condenados cumplirá cuarenta horas de tareas mientras que su acompañante deberá completar veinte, bajo la supervisión de la fiscalía que controlará el cumplimiento efectivo. El uso de visores nocturnos e indumentaria de camuflaje demostró una planificación previa que la justicia buscó neutralizar con el decomiso definitivo de todo el equipo de alta tecnología secuestrado.
En caso de que los hombres no cumplan con las cuotas del pago o las horas de trabajo asignadas, la causa retomará su curso hacia una instancia de juicio tradicional. Por ahora, se espera que el destino de los fondos represente un alivio económico para las instituciones locales designadas, que trabajan con sectores vulnerables de la población.