Finalmente el gobierno de Javier Milei logró convertir en ley un nuevo Régimen Penal Juvenil que, entre otras cuestiones, baja la edad de punibilidad a los 14 años. Originalmente La Libertad Avanza quería ubicar ese umbral en los 13 años, pero para conseguir los votos necesarios se vio obligado a ceder ante los requerimientos de otros bloques.
El proyecto del oficialismo obtuvo 44 votos positivos, 27 negativos y hubo una abstención. La aprobación se dio gracias a la colaboración de los bloques “opositores” del PRO, la UCR y algunos votos peronistas como los de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos Espínola, la tucumana Sandra Mendoza y la salteña Flavia Royón.
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En la sesión del Senado, los discursos de defensa del proyecto oficial se basaron en un arsenal de generalidades, amalgamas conceptuales y sentidos comunes reaccionarios. Tomando a los eslabones más débiles de la cadena criminal como chivos expiatorios, la ultraderecha y sus secuaces refuerzan el poder punitivo y el control policíaco de las barriadas populares, ahora con un mayor foco puesto en la juventud. Sin perjuicio, obviamente, de que los capitalistas que manejan el gran delito puedan seguir actuando bajo el amparo de funcionarios, policías, jueces y fiscales.
El 12 de febrero la Cámara de Diputados ya le había dado media sanción al proyecto oficialista, que establece penas de hasta 15 años de prisión para niñas y niños que cometan delitos. En aquella sesión extraordinaria, la votación resultó en 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones. La redacción final de la norma fue a las apuradas, mientras los negociadores del Gobierno buscaban presurosos apoyos legislativos.
Durante el debate en la Cámara baja, Myriam Bregman y Nicolás del Caño cuestionaron fuertemente el proyecto libertariano, con el fundamento de que no existe evidencia de un aumento sostenido de delitos cometidos por menores que justifique la reforma. A la vez, demostraron que en países donde se redujo la edad de punibilidad no se registraron menos delitos e incluso en algunos casos no dejaron de aumentar. Y plantearon la necesidad de un debate a fondo que derive en soluciones estructurales a la degradación social y una atención seria de las problemáticas de la juventud explotada y oprimida.
El oficialismo presentó el debate como parte de la supuesta “lucha contra el delito”. Una maniobra nada original que, a lo largo de las últimas décadas, reaparece de la mano de sectores políticos de derecha, que presentan la baja de la edad de punibilidad como una solución “mágica”. Son los mismos sectores que jamás proponen atacar las causas estructurales que llevan a una pequeña porción de niñas y niños a cometer hechos encuadrados en el Código Penal.
Cuando esos sectores gobiernan, precisamente lo hacen garantizando la reproducción de las mismas condiciones de existencia de millones de pibes y pibas empobrecidos y vulnerabilizados.
Días atrás La Izquierda Diario dialogó con profesionales que trabajan en el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y del Centro de Referencia de Moreno del Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Todos coincidieron en que “no es casual que mientras atacan con ajuste y con reformas regresivas como la reforma laboral, aumenten el poder punitivo del Estado, en particular contra la juventud, intentando acallar y reprimir la rebeldía que la caracteriza”.