Luego de presentado el proyecto, los integrantes de la mencionada bancada parlamentaria atendieron las consultas de la prensa y se expresaron respecto a los argumentos que motivan el pedido de derogación de la Ley N° 6453 que votaron el oficialismo radical con la recurrente ayuda de sectores del peronismo.
Natalia Morales, diputada de la provincia de Jujuy, señaló: “Presentamos el proyecto para derogar la Ley que crea el Seguro Provincial de Salud – SePRoSa- porque pone fin a la gratuidad de un derecho humano como es la salud pública. Es una ley aprobada de forma expréss y sin tratamiento en comisión, a espaldas de las organizaciones sindicales y el sector afectado directamente como son las y los trabajadores precarizados que no cuentan con obra social o no pueden pagar una prepaga, como sucede con feriantes, manteros, remiseros, trabajadores de la construcción, gastronomía, turismo, hostelería, comercio y la actividad rural. Vemos con mucha preocupación que se haya aprobado de esta manera. Por eso la presentación de este proyecto de derogación de la Ley 6453 es parte de una serie de medidas que queremos impulsar desde el bloque del PTS FITU, el único que se opuso de forma contundente, que permita impulsar una gran campaña de los sindicatos de la salud, la CGT y la CTA, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, para hacer retroceder esta ley y el accionar del gobierno radical y sus socios del PJ”.
En tanto, Miguel López, también de la bancada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), en el Frente de Izquierda Unidad (FITU), agregó: “Decimos que la Ley de Seguro Provincial de Salud es inconstitucional porque niega el principio de progresividad en materia de derechos humanos consagrado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales a la que esta adhiere. Es una medida reaccionaria y regresiva en materia de derecho al cobrarle un arancel equivalente a 5 consultas médicas sacadas del Instituto de Seguro de Jujuy, a los sectores sociales más vulnerables que al no poder acceder al trabajo registrado, realizan labores en condiciones de precarización e informalidad para resolver el sustento económico diario de sus familias”.
Gastón Remy, aportó puntualizando que, “con el SeProSa se beneficia el gobierno provincial, que pese a tener superávit busca vías recaudatorias regresivas, exceptuando de impuestos a quienes más fortunas tienen o cobrándole impuestos irrisorios en relación a sus ganancias, y ajustando a los que menos ingresos tienen. También vemos que terminan siendo beneficiados los empresarios del negocio de la salud privada, quienes a la par del desguace, deterioro y desfinanciamiento del sistema de salud público estatal, fueron incrementando sus ganancias e inversiones en clínicas y sanatorios en distintos puntos de la capital y el interior de la provincia, ya que el pago del SeProSa también habilitaría la atención médica de los informales y precarios en el servicio de salud privado”.
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Por último, Alejandro Vilca, diputado nacional de la provincia de Jujuy, manifestó que, “en los bloques que votaron esta Ley de Seguro Provincial de Salud hay presidentes de bancadas legislativas que son dueños de clínicas, también hay diputados provinciales oficialistas y titulares de ministerios que también son dueños de clínicas privadas, y hasta diputados nacionales del bloque oficialista que ven con agrado este arancelamiento porque, valga la redundancia, también son dueños de sanatorios y clínicas, esa es la vinculación que hay entre su política legislativa reaccionaria y regresiva en materia de derechos con sus negocios. No debemos permitírselo, por eso es que junto con el ingreso de este proyecto de derogación del SeProSa, planteamos la organización y movilización del pueblo trabajador en defensa de la salud pública”.