Este miércoles el Gobierno decidió extender la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, a través del Decreto 1023/2024, publicado en el Boletín Oficial. Así, se posterga la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas, prevista originalmente para fin de año. Con la prórroga el Ministerio de Economía tendrá la potestad de decidir mensual y discrecionalmente el aumento de las tarifas, sin algún marco regulatorio.
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Inicialmente establecida por el Decreto 55/2023 en diciembre del año pasado, la emergencia abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. La extensión también implica sostener la intervención de los Entes Reguladores: el ENRE y Enargas que seguirán sin ser unificados; y mantener el esquema de subsidios actual con 3 categorías según el nivel de ingresos (N1, N2 y N3) mientras se define el “plan de contingencia”, con un diseño de hogares pasando a pagar la tarifa plena y hogares con subsidios parciales, para lo cual ya tendría un préstamo multimillonario aprobado por el Banco Mundial.
El préstamo es por 1000 millones de dólares y está destinado, según el BM, a sostener los escasos subsidios a la energía y al transporte público. En un comunicado titulado “Argentina impulsa el acceso al transporte y la energía de los más pobres con apoyo del Banco Mundial” confirma el préstamo que irían 500 millones de dólares para subsidio al transporte y 500 millones de dólares al sector eléctrico. Una garantía de ganancias para las empresas privatizadas del sector.
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En este sentido, el decreto publicado este miércoles instruye a la Secretaría de Energía a «mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para seguir garantizando la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios».
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Lo cierto es que el mismo decreto confirma que a pesar de las millonarias ganancias de las privatizadas, la inversiones no sucedieron: “a pesar de la recomposición transitoria de las tarifas durante la actual emergencia en los términos del precitado Decreto N° 55/23, no se han llegado a completar las inversiones necesarias, por tratarse de obras de envergadura que demoran largos plazos para materializarse.”
Por otra parte, durante el G20 Milei se reunió con Flavio Cattaneo, CEO de la italiana Enel, dueña del 70% de las acciones de Edesur, una de las distribuidoras de electricidad más grandes del país. La empresa italiana había asegurado querer desprenderse de Edesur, pero tras la victoria de Milei y reuniones con Caputo, la empresa decidió quedarse. Durante la reunión en el G20, luego de reconocer jugosas ganancias con el nuevo Gobierno, Cattaneo pidió la extensión de la concesión de la central hidroeléctrica El Chocón, y estaría interesada en adquirir el paquete accionario de la represa que el Gobierno pretende privatizar.
La energía, un derecho social convertido en un jugoso negociado
El Gobierno tiene al sector energético en un lugar privilegiado para su modelo económico. Con el RIGI aprobado en la Ley Bases, se dieron beneficios obscenos para el sector petrolero / energético. Llegando al caso absurdo de autorizar la exportación de Gas Natural Licuado por 30 años «sin interrupciones ni restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna». Donde Argentina podría llegar a importar el gas extraído de su propio suelo que venden las empresas a un precio hasta 10 veces mayor.
Las distribuidoras, por otra parte, han multiplicado sus ganancias de forma exponencial. Con tarifazos que superan ampliamente la inflación promedio. Más del 500% de aumento en la tarifa del gas (más del 800% en invierno) y 189% en electricidad, según el último reporte de tarifas y subsidios de noviembre 2024 del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.
Milei realizó la quita de subsidios a pedido del FMI para garantizar el pago de la deuda, descargando el valor de la tarifa en los usuarios. Mientras, por otra parte, concede tarifazos a las privatizadas. El plan original del Gobierno era aplicar la normalización de tarifas para fin de este año con los aumentos ya acordados y la eliminación mayoritaria de los subsidios.
Lo cierto es que de concretarse estos aumentos, generaría una presión inflacionaria al único “caballito de batalla” que puede presentar el Gobierno, la baja de la inflación. Son las contradicciones que tendrá que surfear Milei, que por ahora encuentra la solución tomando deuda.
Es necesario debatir si es más importante las ganancias empresarias a costa de un servicio caro y de mala calidad o considerar a los servicios públicos como un derecho esencial para toda la población. Estatizando todo el sector y eliminando la ganancia empresarial en primer lugar se podría generar un gran ahorro millonario. En segundo lugar, la estatización de todo el sistema de servicios públicos con gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares, podría hacer más eficiente, económico y sustentable el servicio.
Poner los fondos de un rechazo soberano de la deuda ilegal al servicio de desarrollar las inversiones necesarias, repensar el sistema energético con el conocimiento de las universidades y profesionales en acuerdo con la comunidad para garantizar energía acorde a las necesidades de las mayorías, en plan de pensar un verdadera y democrática transición energética que sea sustentable y económico para el pueblo.