El ex director de Planes sociales de la provincia, Ricardo Soiza, imputado como jefes de una asociación ilícita que realizó estafas con planes provinciales de asistencia al desempleo fue beneficiado por la justicia neuquina con prisión domiciliaria. La jueza Carina Álvarez aclaró que mantiene la prohibición de contacto con el resto de las personas imputadas o testigos, y le impuso controles policiales diarios.
Por cuestiones de salud, la defensa de Soiza solicitó un nuevo pedido para que el ex funcionario, máximo responsable del área de planes sociales en la gestión de Omar Gutiérrez, espere el juicio en su domicilio. Todo ocurrió en una audiencia realizada el pasado lunes 23 de septiembre. La jueza también ordenó limitar la información con el objetivo de proteger su intimidad.
Ante el pedido de prisión domiciliaria, el fiscal jefe Pablo Vignaroli se manifestó en contra y solicitó mantener la preventiva, basándose en distintos informes que solicitó la fiscalía donde se indicaba que los cuidados o tratamientos médicos que requiere el imputado podían ser suministrados en la comisaría donde permanecía detenido.
El ex titular de la Dirección provincial de Planes Sociales que estaba bajo la órbita de los ministerios –Trabajo y Desarrollo Social- estuvo en prisión preventiva desde julio de 2023. Desde ese momento, a partir de la necesidad de resguardar el proceso y evitar que Soiza influyera en otros imputados o testigos de los hechos que se investigan, la medida cautelar fue confirmada en distintas oportunidades.
La fiscalía investiga la estafa con planes sociales que un grupo de funcionarios y empleados del estado neuquino llevaron adelante con cheques y tarjetas de débito. Según avanzó la causa, los fiscales determinaron distintos niveles de responsabilidad, donde ubicó a Ricardo Soiza (director de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo); a Néstor Pablo Sanz (director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social); Marcos Ariel Osuna (responsable de Gestión de Programas); Abel Di Luca (ex ministro de Desarrollo Social) y Tomás Siengentharler (ex coordinador de Administración de Desarrollo Social) como los jefes de una asociación ilícita.