Una disputa entre la Cooperativa de Agua Potable y el Municipio de San Martin de los Andes podría desatar una crisis sanitaria en la ciudad. La Cooperativa advirtió que, de no resolverse el conflicto en un plazo de 30 días, suspendería el tratamiento de efluentes cloacales, lo que generaría un riesgo en la salud pública y el medio ambiente.
El punto central de la controversia es la falta de un sitio adecuado para la disposición de los barros resultantes del tratamiento de aguas residuales, obligación que el Municipio no habría cumplido según la cooperativa.
En el conflicto intervino la Defensoría del Pueblo y del Ambiente que pidió explicaciones urgentes a las autoridades locales sobre las medidas adoptadas para evitar una emergencia y las previsiones en caso de que se interrumpa el servicio.
En una nota enviada al Departamento Ejecutivo el 6 de septiembre, la Cooperativa dio un plazo de 30 días para resolver sus reclamos, que incluyen también una actualización tarifaria. De no recibir respuesta, advirtió que procederá a la rescisión del contrato, lo que implicaría la suspensión del servicio de tratamiento de efluentes cloacales.
En ocasiones anteriores, la cooperativa había realizado pedidos de recambio de infraestructura, considerada fundamental para el funcionamiento de las plantas como las bombas impulsoras de ingreso del líquido al sistema. El temor es que, si falla la única bomba que está en funcionamiento, se “pone en riesgo de by pass la planta ubicada en el predio del ejército”.
La posible interrupción del tratamiento de aguas residuales tendría un impacto de grandes dimensiones. La descarga sin control de estos efluentes en ríos, lagos o suelos podría contaminar el agua y afectar tanto la fauna como la flora local. Además, aumentaría el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua.