La sala penal del Tribunal Superior de Justicia restituyó un embargo e inhibición de bienes de los directivos de la empresa Comarsa, acusada de contaminación ambiental y fraude, hasta cubrir un monto de 7 millones de dólares, al anular un fallo del tribunal de Impugnación que había reducido ese monto a 200 mil pesos.
El titular de la fiscalía de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid había presentado la impugnación extraordinaria que fue analizada por el TSJ.
Con los votos de los vocales Evaldo Moya y Alfredo Elosu Larumbe, el TSJ anuló un fallo previo, en el que una conformación del Tribunal de Impugnación interpretó que el embargo debía limitarse a cubrir el monto correspondiente a la multa vigente para casos de contaminación ambiental en la legislación específica.
De esta forma, confirmó los efectos de la resolución dispuesta por el Juez de Garantías Mauricio Zabala, que había ratificado los embargos y las inhibiciones generales de bienes de la empresa Comarsa hasta cubrir la suma de 7 millones de dólares.
La empresa está acusada de haber contaminado el predio del Parque Industrial de Neuquén y puesto en peligro la salud de la población con residuos peligrosos de la industria petrolera, desde 2014 hasta la actualidad.
Los embargos e inhibición alcanzan no solamente a la empresa, sino también a dos de los tres directivos involucrados en sus cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Se trata de J.M.L, presidente desde el 1 de abril de 2014, accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B, director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y tuvo funciones delegadas de administración y control y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016, fue gerente general y responsable técnico de la firma. Además, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.
Las medidas cautelares que ratificó el tribunal de revisión comprenden a los imputados J.M.L y H.E.B. El delito por el que se les formularon cargos es el de contaminación ambiental peligrosa para la salud pública con residuos peligrosos, en concurso real con administración fraudulenta.