Desde el 28 de febrero hasta el momento, alrededor de 340 trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Discapacidad fueron despedidos, entre ellas personas con discapacidad, empleados con licencia médica o por embarazo, muchos con más de 20 años de antigüedas que no cobrarán indemnización o seguro de desempleo. Página 12 reunió los testimonios de algunos de ellos.
Natalia Tesone saluda a la cámara y se presenta haciendo un bucle con su mano abierta sobre su pelo cobrizo. Victoria, una de los tres intérpetres presentes que ocupan un recuadro de la videollamada, traduce que esa es su seña personal, un gesto que nace a partir de un rasgo físico o de la personalidad. El de Natalia hace foco en sus marcados rulos, que peina siempre hacia el costado.
A los seis meses quedó sorda y tuvo que arreglárselas para comunicarse con un mundo poco accesible. En la escuela usaba audífonos, pero tenía que leer los labios de sus docentes, y desde ya, no tenía interpretación con lengua de señas, que es su lengua natural. Por eso, Natalia es bilingüe y, dependiendo la situación, elige cómo comunicarse.
Estudió teatro, comunicación y psicología social y también se especializó en metodología de enseñanza de la lengua de señas. Hace tres años, entró a Andis como asesora en la Dirección de Accesibilidad, en las áreas relativas a lo comunicacional y lo cultural. Allí estuvo a cargo de la creación del diseño de un programa para enseñar lengua de señas a las y a los trabajadores de la agencia y en organismos a nivel nacional, e integró y dirigió múltiples proyectos sin precedentes en articulación con otras entidades estatales –como Tecnópolis, CCK, Incaa, Paka Paka o el Cervantes, entre muchos otros– que elaboraban estrategias para garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad.
«Somos responsables de los derechos de otras personas. La accesibilidad es un derecho. Si alguien tiene accesibilidad a la comunicación puede trabajar, estudiar, ir a un banco, hacer un trámite. Es una cadena en la que, si algo se corta, no se garantizan los derechos de las personas con discapacidad», expresa Natalia, interpretada esta vez por Luciano, demostrando pragmáticamente la importancia de cada eslabón.
El 27 de marzo, cuando mandaron un mail con una lista de despedidos, Natalia se enojó mucho, pero no solo por ver su nombre, sino porque también habían echado a 15 compañeros de su dirección, haciéndola casi desaparecer. «En el mismo momento que nos estaban despidiendo a todos, subieron un video explicando qué era la lengua de señas», recuerda señalando con más ímpetu, propia de la indignación.
«Estos despidos afectan a toda la comunidad de personas con discapacidad, que también necesitan a los trabajadores para que peleen por sus derechos. Es muy dificil para una persona con discapacidad conseguir un trabajo, pero ahora es doblemente dificil porque no hay accesibilidad».
Los intérpretes que la acompañan son Ula Romanin, Luciano de Luca y Victoria Camilleri, también despedidos de la agencia. «A partir del 10 de diciembre, por nuestro cuerpo pasaba información con la que no estábamos de acuerdo. Ahí estábamos igual, dejando que Milei, Caputo o Adorni, en su mensaje violento de cada mañana, pase por nosotros», comenta Ula y recuerda aturdida el momento en el que Luciano tuvo que interpretar su propio despido en vivo para todo el país.
Los tres coinciden en que se enamoraron de la lengua de señas. A la vez que la hicieron su vocación profesional, lejos de la lástima, lo que más valoran es poder garantizar los derechos de muchas personas.
«El recuadro es lo único que se ve, pero hay todo un trabajo que desapareció que no se veía» dice Ula refiriéndose al acompañamiento de las personas sordas en diversas situaciones, desde el trabajo en organismos del Estado o los concursos hasta para ejercer su derecho al voto. «Una persona sorda está en desventaja. Ahí el rol del intérprete dando accesibilidad garantiza la misma oportunidad que tiene una persona oyente«, señala.
En la dirección junto a ellos trabajaba Maive Carone Fernández, de 29 años, que, también hasta el 27 de marzo, se dedicaba a la realización audiovisual de contenido accesible y accesibilizado e integraba y lideraba otros proyectos de lenguaje claro, lectura fácil y otros aspectos de la accesibilidad.
Al momento de ser despedida, Maive estaba con licencia médica por dengue. Aunque trabajaba en la Administración Pública Nacional desde 2015, no va recibir ni un peso de indemnización porque, desde la agencia, le dicen que no se trata de un despido sino de un vencimiento de contrato. Es que los contratos anuales por el 2024, ya rubricados, se dieron de baja y la gestión decidió tan solo extenderlos por tres meses.
«Es devastador porque te desestructura toda la vida, es un freno a tu carrera profesional en un momento dificil para conseguir trabajo. Hay una intención de esta gestión de desmoralizarnos, entristecernos, donde, además, crece la violencia simbólica, psicológica, laboral hacia los compañeros que todavía están«, explica.
Anahí Spala, de 45 años, empezó a trabajar en 2005 cuando Andis funcionaba como la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA). En 2010 se mudó a Bariloche –donde por muchos años no le pagaron por zona fría– y, en su labor como trabajadora social, se ocupaba de la atención al público, el trabajo en territorio y los informes socioambientales en zonas remotas de difícil acceso. Desde 2021 se encontraba en el Área de Detección de Vulnerabilidad y Determinación de Derechos.
«Trabajás 20 años y figurás en Anses como planta permanente por tiempo indeterminado pero a la vez sos contratada, entonces te quedás sin trabajo pero no cobrás seguro de desempleo ni indemnización. Te mandan un listado de los que entran o no al horno, cuando en realidad ninguno tendría que ir. Y de un día para el otro tenés que arrancar de cero», dice Anahí con la voz quebrada pero firme. A su celular le siguen llegando los mensajes de las personas con discapacidad que preguntan por su trámite. «A la par de lo que me pasa a mí, un montón de gente va a quedar tirada».
Como Anahí, Neri Calderón, de 37 años, se desempeñaba como trabajador social en Andis desde 2015, cuando todavía era CNPA. Trabajó en Laferrere, San Vicente y Don Orione, el barrio de Almirante Brown donde se crió y luego integró el programa El Estado en tu Barrio, repartiendo su labor en oficina, atención al público y en la formulación y ejecución del expediente de las pensiones.
«A mí lo que más me preocupa es la situación general. Nosotros trabajamos con la población más vulnerable. Tramitamos pensiones y hacemos el asesoramiento a certificados de discapacidad, que mucha gente inició el trámite por la suba de los boletos. No están bien las cosas», señala Neri, quien también se enteró a través de un mail de que estaba despedido.
Así se enteró también de su despido María Florencia Alle, cuando vio su nombre junto a otros casi 170 compañeros en la primera lista que circuló a fines de febrero. Desde 2010 coordinaba talleres de danza y movimiento terapia para personas con discapacidad. A pesar de la tristeza, se puso en movimiento y armó un grupo de WhatsApp para generar un espacio con quienes fueron despedidos.
En los talleres había un ejercicio que gustaba mucho, en el que, de a una y al compás de una melodía, las personas iban reuniéndose hacia el centro de la sala y se quedaban congeladas como estatuas formando una foto. De aquel día en que la despidieron, en el que trabajadores y usuarios hicieron un ruidazo en protesta, Florencia evoca su propia foto, en la que posa con una sonrisa, junto a sus alumnos que llevaban banderas y vestían remeras que decían «Danzar la vida».
Informe: Carla Spinelli