El diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT), Christian Castillo, con la colaboración del legislador provincial neuquino Andrés Blanco, presentaron un proyecto de ley, para que las represas hidroeléctricas, al vencimiento de las actuales concesiones, “sean administradas por un Ente integrado por el Estado Nacional y las provincias”, y la operación quede bajo el control de los trabajadores.
La iniciativa, que plantea la prohibición de realizar nuevas concesiones de las represas hidroeléctricas a empresas privadas, recibió el acompañamiento de los legisladores del espacio de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Romina del Pla. Christian Castillo, aseguró que “con la ofensiva privatizadora de los 90’s, las enormes obras de infraestructura, financiadas con fondos públicos y construidas con el trabajo de miles de obreros, fueron otorgadas a un puñado de transnacionales que hicieron un negocio redondo”, sentenció.
El legislador nacional, sociólogo y docente, opinó que la operación de las represas hidroeléctricas en manos de empresas privadas, representa “un verdadero robo que ningún gobierno cuestionó”. Recordó que el gobierno de Javier Milei, “se prepara para volver a otorgarle las concesiones que vencieron” y detalló que el proyecto, propone crear un Ente Interjurisdiccional de energía Hidroeléctrica (EIEH), con participación del estado nacional y los provinciales, “pero gestionado por sus trabajadores, las comunidades y los usuarios”, explicó.
El diputado provincial neuquino, Andrés Blanco, opinó que “frente a la política privatizadora de Milei”, la discusión no puede ser, como plantean los gobiernos de Neuquén y Río Negro, por las migajas que dejan las multinacionales, por lo cual reiteró que el planteo, en primer lugar, “es que las represas hidroeléctricas no pueden volver a ser concesionadas, para que un puñado de empresarios obtengan ganancias millonarias”.
El proyecto, contempla el destino que debería darse a los excedentes económicos producidos por la generación eléctrica y propone que se destinen a la inversión en el sistema de educación y salud públicas; la construcción de viviendas con eficiencia en el uso de la energía; el desarrollo de planes de transición energética y ecológica y para la remediación ambiental y producción agroecológica de alimentos. Aclara de manera explícita, “que no se podrán destinar a subsidios de empresas privadas o pagar deuda externa”.