El Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) informó que procuradores y fiscales de todo el país se manifestaron a favor de impulsar la desfederalización, que establece la Ley 26.052, con el objetivo de “fortalecer desde las provincias, las investigaciones por comercialización y distribución de drogas a baja escala”. Además, le pidieron al gobierno nacional una amplia participación de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales, “para efectuar un abordaje integral del asunto”.
El documento conjunto, en cuya redacción participó el fiscal general de Neuquén, José Gerez, surgió tras el encuentro que se realizó en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, y en el que participaron procuradores y fiscales generales de todo el país y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Consejo Federal de Política Criminal.
Para el fiscal general de Neuquén, “como consejo no podíamos dejar de expresar nuestro posicionamiento, que es una postura que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo”. Señalaron que el abordaje de las investigaciones por comercialización de drogas a baja escala, o narcomenudeo “debe ser conjunto, sin excluir a la justicia federal, sino ayudarnos”. Afirman que el narcomenudeo es un mal desintegrador de la sociedad, por lo cual “es necesario combatirlo de manera global, con políticas de estado fuertes y sustentables”.
El texto del documento apunta a ampliar el número de provincias adheridas a la Ley 26.052 y a la “interacción de todos los Ministerios Públicos Fiscales provinciales”, implementando criterios comunes de persecución penal, para lograr “un eficaz combate del narcomenudeo”, explicaron y señalaron que desde hace años las organizaciones “vienen intentando ubicar en la agenda nacional la situación de algunas provincias sobre el avance de la distribución de drogas en sus territorios”.
El documento sostiene que “el federalismo es una herramienta para facilitar la persecución penal y no un obstáculo”. Los fiscales y procuradores aconsejaron establecer mapas del delito, enfocar con precisión la acción policial, fortalecer la presencia del estado y evitar la ocupación territorial, por las organizaciones criminales en barrios. Opinan, además, que se deben aplicar modelos de intervención de la problemática de manera integral, explicaron.