En una nueva audiencia, el fiscal jefe de Delitos Ambientales, Maximiliano Breide Obeid, formuló cargos contra el actual concejal de Plottier, Sergio Luis Soto, en el marco de la investigación relacionada por el uso y disposición de transformadores con PCB por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad. En el momento de los hechos investigados, Soto ostentaba la presidencia de la entidad.
La acusación también se extendió a un capataz de la cooperativa. A ambos, se les atribuyó poner en peligro la salud pública al mantener en operación y acopio transformadores contaminados con PCBs (bifenilos policlorados). Este actuar se encuadra en el delito de contaminación peligrosa para la salud pública.
Breide Obeid destacó que desde la fiscalía se considera que «del hecho resultan además responsables otros miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa». Entre ellos se encuentran un miembro titular del consejo de administración, y Juan de Dios Lucchelli, exsubsecretario de Ambiente de la Provincia, a quienes también se les responsabiliza por el mismo delito.
La investigación revela que, al menos desde 2017, la cooperativa mantuvo tres transformadores acopiados a cielo abierto y sin precauciones en un depósito de la entidad. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, fueron enterrados en el mismo lugar, siendo descubiertos por la fiscalía en mayo de 2023, bajo un bloque de hormigón.
Asimismo, se señala que, entre 2014 y mayo de 2023, la cooperativa mantuvo instalados dos transformadores con PCBs. Durante mayo de este año, fueron retirados y enviados a Mendoza después de haber sido descontaminados. El fiscal jefe adelantó que solicitará una audiencia para unificar los plazos de la investigación respecto de los cuatro imputados.
La jueza de garantías, Natalia Pelosso, tras escuchar los planteos de las defensas que solicitaron el sobreseimiento, dispuso un cuarto intermedio de 48 horas para dictar su resolución. El Ministerio Público Fiscal aclaró que la identidad de las personas imputadas se mantiene en reserva hasta que se declare su responsabilidad penal, exceptuando aquellos que se desempeñaban como funcionarios públicos al momento de los hechos.