La intención de Javier Milei de avanzar con un proyecto de ley para sancionar la reforma laboral incluida en el DNU 70/23 y que quedó frenada por la Justicia, puso en alerta este lunes a la CGT que reunió de urgencia a su conducción para evaluar sus próximos pasos y definir la continuidad del plan de lucha contra el Gobierno tras el paro general del 24 de enero.
La cúpula cegetista, que había logrado a fines de enero que un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara la inconstitucionalidad del capítulo laboral del megadecreto, recibió con sorpresa este lunes las insistentes versiones oficiales acerca de que el Gobierno buscaría aprobar por ley los artículos frenados y activó una reunión de su mesa chica ampliada en la sede del gremio de Sanidad.
Según los trascendidos que analizaron los sindicalistas, que insisten en definir como «absolutamente cortado» su diálogo con la Casa Rosada, la apuesta de Mieli es presentar el proyecto de reforma laboral durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el próximo 1° de marzo.
«Es la información que trasciende, pero no tenemos en claro si solo incluirá lo que ya estaba incorporado en el DNU o irán con una reforma más amplia», advirtió a Clarín un referente de la conducción sindical minutos antes de la reunión.
El dirigente remarcó, de todas maneras, que la central aguardará por el texto de la iniciativa oficial antes de definir eventuales medidas y que avanzará con la ronda de contactos con los bloques legislativos de todas las fuerzas políticas para insistir en su rechazo a los cambios laborales que promueve el Gobierno. «Seguro lo van a plantear en ordinarias porque no llegan en extraordinarias, pero la CGT va a manifestar su rechazo total como en la presentación que se realizó en la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad», apuntó el gremialista.
La apuesta oficial para sancionar por ley la reforma laboral sumó un nuevo ingrediente al debate abierto puertas adentro de la CGT respecto al futuro de su ofensiva contra la gestión libertaria.
Tras el paro del 24 de enero, que incluyó una masiva movilización al Congreso en rechazo al DNU y a la Ley Ómnibus, las posiciones dentro de la entidad se dividieron entre los sectores más duros, que presionan por avanzar ya con la definición de nuevas medidas de fuerza, y aquellos dirigentes más dialoguistas de la conducción, que aconsejan esperar por el resultado del trámite legislativo de la ley y los próximos movimientos del Gobierno antes de tomar decisiones.
De cualquier modo, entre dirigentes de ambos sectores admiten que el diálogo con el Gobierno sigue roto y que no hay expectativas concretas para avanzar en algún acercamiento. «Como estamos, el nivel de conflictividad seguirá escalando», sostuvo otro gremialista.
Incluso el propio Pablo Moyano, número dos del sindicato de Camioneros y miembro del triunvirato de conducción cegetista, renovó durante el fin de semana la presión por un nuevo paro general. «No se descarta nada. Puede haber un paro y movilizaciones. En los próximos días, cuando haya una reunión del Consejo Directivo (de la CGT), se va analizar cómo seguir», aseguró.
Y advirtió, en la misma línea, que la central obrera «no se va a quedar cruzado de brazos» si «aumenta la conflictividad social».
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