El consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA S.A. obtuvo la adjudicación del campamento Batidero, destinado a albergar a trabajadores de un megaproyecto minero en San Juan. La decisión provocó cuestionamientos por parte de empresarios locales, quienes advierten sobre la pérdida de empleos y proveeduría nacional.
En la provincia de San Juan, el consorcio conformado por PowerChina, Beijing Chengdong y RAFA S.A. resultó adjudicatario del campamento Batidero, un complejo modular destinado a alojar a trabajadores de un proyecto minero en la región. Según la ficha técnica del proyecto, el campamento tiene una capacidad inicial de 2500 camas, con posibilidad de ampliarse hasta 6000 plazas, y está previsto para albergar a 12 mil trabajadores.
La cotización de la oferta ganadora fue de 52 millones de dólares, cifra inferior a las propuestas presentadas por empresas argentinas, que rondaban los 70 millones de dólares.
Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, expresó su desacuerdo con la decisión. Sostuvo que la fabricación de los módulos en el país habría generado 400 puestos de trabajo directos para argentinos. Además, volvió a criticar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por las ventajas que, a su juicio, otorga a firmas extranjeras.
El proyecto Vicuña, vinculado al campamento Batidero, es considerado uno de los emprendimientos mineros más relevantes de la historia argentina. Contempla una inversión de 18 mil millones de dólares hasta 2040 y una producción anual de 400 mil toneladas de cobre.
Empresarios locales afirmaron que la industria nacional tiene capacidad para responder a proyectos de esta magnitud y pidieron revisar los criterios de adjudicación.
Por otro lado, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), destacó la necesidad de crear un “triángulo del cobre” entre Argentina, Perú y Chile para potenciar la producción regional. En relación a la política nacional, Cacciola señaló que las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei son clave y que las aplicaciones del RIGI resultan importantes. También mencionó la modificación de la Ley de Glaciares, que consideró un obstáculo para los proyectos de cobre.