Una empleada del Registro Civil de Neuquén recibió una condena de dos años de prisión condicional, una multa de 450 mil pesos y la inhabilitación perpetua para cargos públicos por cobrar 90 mil pesos de manera ilegal a una pareja para concretar un casamiento.
Una empleada del Registro Civil de Neuquén recibió este martes una condena de dos años de prisión de ejecución condicional por cobrar de manera ilegal 90 mil pesos a una pareja para concretar un casamiento. La resolución fue dictada por el juez de garantías Juan Ignacio Guaita, quien homologó un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la acusada. La sentencia también incluyó una multa económica y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La mujer cumplía funciones como oficial pública en la sede ubicada sobre calle Venado Tuerto 1899 de la capital neuquina. Según la investigación judicial, en enero de 2025 les informó a los contrayentes que el sellado que ya habían abonado no correspondía al trámite matrimonial y que debían efectuar un nuevo pago. El dinero debía ser transferido directamente a una cuenta personal de la trabajadora, por fuera de los mecanismos oficiales establecidos para ese tipo de gestiones.
De acuerdo con la acusación presentada durante la audiencia, la imputada recibió 90 mil pesos de manera irregular para concretar el trámite solicitado por la pareja. La fiscal Rocío Rivero expuso los detalles del caso y sostuvo que el acuerdo judicial contempló los delitos de exacciones ilegales y falsedad ideológica. El juez aceptó el convenio presentado por las partes y dictó la condena correspondiente en el marco de un procedimiento abreviado.
Cinco días después del cobro indebido, la ahora ex empleada del Registro Civil confeccionó el acta matrimonial de la pareja con información falsa. La investigación determinó que omitió dejar constancia de que la ceremonia se realizó a domicilio y además no incluyó a los cuatro testigos exigidos por la normativa vigente para ese tipo de casamientos. La acusación también sostuvo que la mujer no abonó la tasa correspondiente a la ceremonia fuera de sede, cuyo valor ascendía a 125 mil pesos.
La maniobra provocó un perjuicio económico al Estado provincial debido a la falta de pago de la tasa oficial prevista para los matrimonios celebrados bajo esa modalidad. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal detalló que la documentación adulterada permitió concretar el trámite sin cumplir con los requisitos administrativos establecidos para ceremonias domiciliarias. La imputada reconoció los hechos dentro del acuerdo alcanzado con la fiscalía y su defensa.
La condena impuesta por el juez incluyó además una multa de 450 mil pesos y la inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos. El caso se tramitó en una audiencia realizada este martes en Neuquén capital y la sentencia quedó firme tras la homologación del acuerdo entre la fiscal Rocío Rivero y la defensa de la ex empleada del Registro Civil.