El Gobierno de Río Negro aplicó sanciones a empleados públicos por incumplimientos, entre ellos abandono de servicio y maltrato a pacientes. Las medidas se enmarcan en un proceso de control interno que ya acumula más de 1.200 expedientes disciplinarios desde enero de 2024.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos luego de las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de un proceso de control interno que busca reforzar el funcionamiento del Estado y garantizar servicios de calidad.
Las medidas responden a faltas graves, principalmente casos de abandono de servicio, ausencias injustificadas y conductas que afectan directamente la atención a la comunidad. Según se informó oficialmente, desde el inicio de la gestión en enero de 2024 ya se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, lo que derivó en un balance acumulado de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones.
Gran parte de las sanciones se concentra en el sistema de salud, donde se detectaron situaciones críticas. Entre ellas, la cesantía de un agente encargado de otorgar turnos para tomografías que incumplía su horario laboral, afectando el acceso a estudios médicos de alta complejidad. También se registraron casos de maltrato a pacientes y compañeros, abandono de personas internadas y uso indebido de recursos públicos, como ambulancias utilizadas para fines ajenos al servicio. Incluso se sancionó a empleados por presentarse a trabajar en estado de ebriedad o protagonizar situaciones de acoso laboral.
Desde el Ejecutivo remarcaron que el régimen disciplinario es progresivo: cuando un agente acumula más de 30 días de suspensión, puede derivar en la cesantía. Además, subrayaron que cada sanción surge de sumarios administrativos con derecho a defensa, donde se analizan pruebas antes de una resolución final. La Junta de Disciplina —integrada por representantes del Gobierno y de los gremios— es la encargada de dictar las medidas, en un proceso que se presenta como transparente y con respaldo legal.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, sostuvo que el objetivo es “poner orden” en la administración pública: “Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para garantizar un Estado eficiente y no fallarle a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos”, afirmó. Las autoridades destacaron que el control alcanza a distintas áreas, como Salud, SENAF, IPROSS, Educación y Desarrollo Humano, consolidando un esquema de fiscalización transversal en toda la provincia.