El integrante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Germán Busamia, analizó la relación entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y la ciudadanía, y advirtió sobre la crisis de confianza y la superpoblación carcelaria en la provincia.
El integrante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia del Neuquén, Germán Busamia, realizó un análisis generalizado sobre el vínculo entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la ciudadanía ante la reciente investigación del Ministerio Público Fiscal contra el ex intendente de Plottier, Luis Bertolini. También brindó su opinión sobre la crisis de superpoblación carcelaria en unidades penitenciarias y comisarías.
El magistrado planteó la necesidad de que las instituciones judiciales comuniquen con claridad sus roles y advirtió sobre la crisis de confianza que atraviesa la Justicia en todo el país. “Hay que definir claramente y comunicar claramente a la sociedad cuáles son los roles que cada eje en el Poder Judicial tiene y cuáles son los roles que el Poder Judicial debe tener en articulación con el resto de los poderes del Estado”, expresó Busamia.
Durante una entrevista realizada en Radio Nacional Neuquén, el magistrado señaló que muchas de las tensiones que se perciben entre fiscales y jueces no son anomalías del sistema, sino consecuencia directa del diseño del Código Procesal Penal vigente en la provincia desde el año 2011. Busamia explicó que el sistema acusatorio, adoptado por la Legislatura provincial hace más de una década, reservó exclusivamente al fiscal la facultad de impulsar una acusación penal. “Si el fiscal decide no llevar adelante una acusación, el juez no lo puede suplir ni lo puede obligar, porque esto está en el diseño del sistema”, precisó.
Esta distinción resultó central en el debate público que despertó el caso Bertolini, donde sectores de la ciudadanía demandaron respuestas al juez de garantías por decisiones que, según el marco legal vigente, le correspondían exclusivamente al Ministerio Público Fiscal. El integrante del TSJ señaló que, si la comunidad neuquina considerara que ese esquema no representa sus valores, el camino institucional correcto sería convocar un proceso de reforma del Código Procesal Penal en la legislatura provincial.
El magistrado mencionó una pérdida de confianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Según su diagnóstico, los poderes judiciales de Argentina registran la peor calificación en la imagen pública a nivel nacional, una situación que calificó de “muy grave”. “Si la comunidad pierde la sensación de que lo que percibe como anomalía en la vida cotidiana puede tener una solución en los poderes judiciales, se genera una visión negativa, un descrédito, una desconfianza”, advirtió Germán Busamia.
El magistrado enumeró las causas de esa percepción negativa: descrédito en los procesos de selección de magistrados, en la capacitación, en la independencia del poder y en la percepción de que sus integrantes gozan de privilegios. Busamia consideró que se debe realizar una comunicación institucional más activa para revertir ese proceso de descrédito. Destacó que quienes trabajan en los poderes judiciales fallaron “al menos en la comunicación, al menos en las decisiones, al menos en la imagen”.
El magistrado subrayó que, sin la recuperación de la confianza social, el Poder Judicial pierde su razón de existencia como herramienta de pacificación y convivencia democrática. Señaló además que el descrédito hacia las instituciones judiciales forma parte de una crisis de mayor alcance, que también abarca al conjunto del poder político.
Germán Busamia advirtió que la provincia atravesó una crisis de emergencia carcelaria sostenida desde noviembre de 2022, con casi 800 personas privadas de libertad en un sistema con capacidad para alojar a 550. La situación se extendió tanto a personas condenadas como a imputados con prisión preventiva en el contexto de procesos penales en curso. Busamia explicó que Neuquén cuenta con diez unidades de detención distribuidas en todo el territorio provincial, con una capacidad máxima de 550 personas, incluido el pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11 de Neuquén, que aún no entró en funcionamiento.
Ante ese escenario, informó que la única ampliación concretada en la gestión actual fue un módulo de 26 plazas, ampliable a 52. “Hasta ahora en la actual gestión se ha podido construir un módulo de 26 plazas que puede ser ampliado a 52. Estamos hablando de 52 personas cuando hay más de 100 alojadas en comisaría”, indicó el magistrado. Para el integrante del TSJ, la emergencia carcelaria no se resuelve solo con la construcción de más plazas, sino que exige una revisión profunda del sistema procesal penal.
Busamia aportó datos concretos: de las 50.000 denuncias por ilícitos penales que se registran anualmente en la provincia —sobre una población de 730.000 habitantes—, solo unas 2.000 llegan a una audiencia ante un juez de garantía. “En Neuquén hay unas 50.000 denuncias de ilícitos penales por año. De esos casos, se pide audiencia por alrededor de 2.000 y de estos llegan a sentencia más o menos unos 500”, detalló. El resto de las denuncias, explicó, se procesa al interior del Ministerio Público Fiscal sin intervención judicial directa.