El Poder Judicial de Río Negro tramitó 145 denuncias por violencia laboral durante 2025, según un informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. La Ley 5631, vigente desde 2023, establece un procedimiento sumarísimo para estos casos.
Durante 2025, el Poder Judicial de Río Negro tramitó 145 denuncias por violencia laboral, lo que representa el 3,6% del total de la demanda anual en el fuero. Los datos surgen de un informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia, que relevó la actividad judicial en materia laboral en toda la provincia.
La Ley de Procedimiento Laboral 5631, vigente desde marzo de 2023, incorpora un capítulo específico sobre violencia laboral y permite tramitar estos casos mediante un juicio sumarísimo. La normativa contempla situaciones de acoso, violencia o conductas que generen daño físico, psicológico o moral en el ámbito de trabajo, ya sea por parte de superiores, colegas o incluso personas de menor jerarquía.
El artículo 72 de la ley establece que las denuncias deben tramitarse bajo principios de celeridad, confidencialidad y no revictimización. Además, se habilitan múltiples canales para realizar presentaciones, incluyendo vías digitales, electrónicas y telefónicas, lo que facilita el acceso a la Justicia para las víctimas.
En total, el Fuero del Trabajo registró 3.925 nuevos expedientes durante 2025 y dictó 4.400 sentencias. En relación a la violencia laboral, se realizaron 273 audiencias, superando las 196 del año anterior, lo que evidencia un incremento en la actividad vinculada a este tipo de casos.
El sistema laboral en Río Negro cuenta con cámaras en distintas ciudades, como Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. Todas operan bajo el modelo de Oficinas de Tramitación Integral, que separa las funciones administrativas de las jurisdiccionales para agilizar los procesos.
La Ley 5631 es considerada innovadora a nivel nacional, ya que permite la litigación remota y establece herramientas específicas para abordar la violencia en el ámbito laboral. Este marco busca garantizar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de acoso, fortaleciendo el acceso a la Justicia y la protección de los trabajadores.