En la quinta sesión ordinaria del año, legisladores neuquinos analizaron la solicitud del fiscal jefe Pablo Vignaroli contra Luis Bertolini y cuestionaron el impacto institucional de la medida.
Diputados provinciales de Neuquén debatieron en sesión la situación judicial del intendente de Plottier, Luis Bertolini, y cuestionaron la solicitud de prisión preventiva domiciliaria en la causa por presunta malversación de fondos. El tratamiento se dio durante la quinta sesión ordinaria del año, donde también se abordaron otros temas de agenda.
Durante la hora de Otros Asuntos, legisladores de distintos bloques expusieron sus posiciones sobre la causa y analizaron el impacto institucional de las decisiones judiciales. En ese contexto, también se discutieron políticas vinculadas al PAMI, obras viales y propuestas de reformas en el Código Penal relacionadas con denuncias falsas.
Los diputados Andrés Mendez y Mónica Guanque, del bloque Democracia Neuquén, plantearon la necesidad de garantizar el debido proceso en la causa que involucra a Bertolini. En ese sentido, calificaron como una “acción política” el pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli para que se dicte la prisión preventiva domiciliaria, medida que podría limitar el ejercicio de la defensa.
Mendez expresó su rechazo a la medida al afirmar: “Para mí la medida es una barbaridad”. El legislador cuestionó el argumento de un posible “conflicto de poderes” como fundamento para la solicitud y advirtió sobre las consecuencias institucionales que podría generar una decisión de ese tipo.
En su intervención, también analizó el impacto que podría tener la imputación en el ámbito municipal, en relación con la figura de Bertolini. Consideró que habilitar al Concejo Deliberante a suspender al intendente a partir de la acusación fiscal resultaría contraproducente en el actual esquema legal.
El diputado finalizó con la aclaración de que la normativa vigente en la Carta Orgánica establece mecanismos que requieren la intervención de un juez de instrucción, figura que dejó de existir tras la reforma del Código Procesal Penal en 2014, situación que plantea dificultades para su aplicación en el escenario actual.