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La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue el desenlace de una serie de maniobras financieras y políticas que intentaron sostener un modelo agotado: la convertibilidad, que ataba el peso al dólar y dependía de un flujo constante de capitales externos. Dos de las operaciones más emblemáticas que antecedieron al estallido fueron el “blindaje” y el “megacanje”, ambas impulsadas con el aval del FMI, el Banco Mundial y los grandes bancos internacionales.
¿Qué fue el “blindaje”?
A fines del año 2000, el gobierno de Fernando De la Rúa, ante la imposibilidad de seguir pagando la deuda y sostener la convertibilidad, negoció con el FMI un paquete de “asistencia” financiera conocido como el “blindaje”. Consistió en un crédito de 40.000 millones de dólares, supuestamente para estabilizar la economía, garantizar el pago de la deuda y frenar la fuga de capitales. Pero el “blindaje” vino con condiciones: una profunda reforma previsional (eliminación de la Prestación Básica Universal y aumento de la edad jubilatoria para las mujeres), reducción del gasto público, ajuste fiscal, reestructuración de la ANSES y el PAMI, y congelamiento del gasto público nacional y provincial. Lejos de resolver la crisis, el blindaje solo sirvió para ganar tiempo y profundizar el ajuste sobre trabajadores y jubilados.
El “megacanje”: más deuda, más negocios para los bancos
En 2001, con la situación cada vez más insostenible, el ministro de Economía Domingo Cavallo impulsó el “megacanje”. Esta operación consistió en canjear bonos de la deuda que estaban por vencer por otros con plazos más largos, pero a tasas de interés mucho más altas. El resultado fue que la deuda pública aumentó en más de 40.000 millones de dólares solo en intereses, y se capitalizaron otros 13.000 millones. Fue un negocio redondo para los bancos y fondos de inversión que participaron, pero un desastre para el país, que quedó aún más endeudado y sin margen de maniobra.
Fuga de capitales y el “corralito”
Mientras se hacían estas maniobras, los grandes grupos económicos y bancos fugaban capitales a ritmo acelerado: entre 1992 y 2001 se fugaron más de 60.000 millones de dólares, y solo en 2001, casi 15.000 millones. Los bancos internacionales fueron los principales canales de esta fuga, mientras que los pequeños ahorristas quedaron atrapados en el “corralito” impuesto en diciembre de 2001, que limitaba las extracciones a 250 pesos o dólares por semana. Los grandes inversores ya habían retirado sus fondos antes del estallido.
El estallido social y el fin de la convertibilidad
El ajuste, la recesión y el saqueo financiero llevaron a una situación social explosiva: 25% de desocupación, la mitad de la población bajo la línea de pobreza, y una economía paralizada. El 19 y 20 de diciembre de 2001, la bronca popular estalló en las calles, con movilizaciones, cacerolazos, piquetes y saqueos. La represión dejó decenas de muertos y obligó a la renuncia del presidente De la Rúa, que huyó en helicóptero de la Casa Rosada. El régimen de la convertibilidad y el modelo neoliberal terminaron en un colapso total, dejando una deuda impagable y millones de personas empobrecidas.
Balance
El blindaje y el megacanje no fueron más que parches para sostener un modelo de saqueo, endeudamiento y fuga de capitales, que terminó explotando por los aires. Fueron negocios ruinosos para el país, pero altamente rentables para los bancos, los grandes empresarios y el capital financiero internacional. La crisis de 2001 dejó lecciones fundamentales sobre los límites del capitalismo dependiente y la necesidad de una salida de fondo, basada en el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el control obrero de la economía.
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