En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que marcó a fuego la era kirchnerista, la Justicia federal ordenó el decomiso de bienes de Lázaro Báez —empresario estrella del kirchnerismo y condenado por ser el engranaje clave de la “Ruta del Dinero K”— por más de 54 millones de dólares. La medida también alcanza a su hijo, Martín Báez, y a todo el entramado societario construido para lavar fondos provenientes de la obra pública.
El Tribunal Oral Federal N°4, con la firma del juez Néstor Costabel, comenzó a ejecutar el secuestro y adjudicación de propiedades, cuentas bancarias y activos registrados a nombre de Báez y sus empresas, Austral Construcciones entre ellas. El volumen patrimonial es monumental: 440 inmuebles, 972 vehículos y maquinaria vial, además de depósitos millonarios en el exterior.
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Una tasación realizada en noviembre de 2017 estimó el valor total en 3.058.871.300 pesos, equivalentes a 205.134.525 dólares según el tipo de cambio de aquel momento. El objetivo es claro: recuperar el dinero blanqueado a partir de delitos de corrupción probados en el juicio, así como ejecutar las multas fijadas en las condenas. Báez padre cumple 15 años de prisión.
Por el delito de lavado de activos entre 2010 y 2013, el TOF N°4 dispuso el decomiso de USD 54.872.866,69, y le impuso una multa equivalente al triple de ese monto. Martín Báez, por su parte, deberá abonar una penalidad equivalente a siete veces lo que lavó. A esto se suman otros USD 5 millones y 4.174.697 pesos, ajustables por inflación, por otros hechos delictivos.
El decomiso no se limita a la Argentina. En Suiza, se ordenó la remisión de USD 907.202 invertidos en la cuenta 51148100 de la sociedad Tyndall Inc. Limited en el Banco Lombard Odier. En Bahamas, se exigió la repatriación de €2.981.646,12 y €1.009.391,16 desde cuentas del Banco CBH, ambas a nombre de Eastern Shoreline Limited.
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El fallo también incluyó la recuperación de fondos obtenidos por la subasta de dos aeronaves —un Rockwell Commander LV–MBY y un Learjet LV-BPL— por 4.300.000 pesos, depositados en el Banco Nación y adjudicados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La investigación patrimonial estuvo encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien en 2016 viajó personalmente a Santa Cruz para dirigir un relevamiento exhaustivo con el apoyo del Cuerpo de Tasadores de la Nación. Durante meses, el equipo recorrió estancias, hoteles y propiedades registradas a nombre de Báez, sus familiares o sus empresas pantalla.
Se detectaron 19 sociedades en las que Báez participaba de forma directa o a través de testaferros. Más de 300 procedimientos derivaron en el embargo o incautación de bienes que iban desde inmuebles y autos de colección hasta maquinaria pesada y objetos de alto valor histórico y cultural.
Entre los bienes decomisados hay departamentos, hoteles en El Calafate, Río Gallegos, Lago Puelo y Comodoro Rivadavia, así como extensas estancias de miles de hectáreas. Once de estos bienes pertenecen directamente a Martín Báez.
El juez Costabel ordenó que todos los activos pasen a la titularidad de la Corte Suprema y que se registren en la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”.
Aún resta definir cómo se integrarán estos decomisos con los que se buscan ejecutar en la Causa Vialidad, otro expediente que expone el saqueo del Estado durante el kirchnerismo. El mes pasado, el TOF N°4 unificó la pena de ese caso con la de la “Ruta del Dinero K”, cerrando así el círculo judicial sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la historia argentina.