El Gobierno anunció el miércoles 12 de febrero de 2025 la nulidad de la licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, tras la presentación de una única oferta por parte de la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME).
Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó que el Gobierno ha solicitado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue a DEME por «posible presión sobre el resto de las empresas» o «presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado nacional y productores argentinos».
La Hidrovía Paraná-Paraguay es una de las principales rutas de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de las exportaciones argentinas. La importancia de esta vía fluvial radica en su capacidad para mover grandes volúmenes de mercancías, lo que la convierte en un activo estratégico para la economía nacional.
Por esta razón, el Gobierno se comprometió desde el inicio a realizar una licitación transparente y competitiva. Sin embargo, el proceso de licitación no fue exento de controversias. DEME, la única empresa que presentó una oferta, había denunciado desde el principio que el pliego de condiciones estaba direccionado para favorecer a otra empresa belga, Jan de Nul, que había sido la licenciataria anterior hasta 2021.
A pesar de las denuncias y las acusaciones de falta de transparencia, Jan de Nul decidió no participar en la licitación. Adorni destacó que el proceso de licitación fue validado tres veces en la Justicia y que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar su transparencia.
No obstante, la presentación de una única oferta llamó la atención y llevó al Gobierno a tomar la decisión de dar de baja la licitación. «Llama poderosamente la atención que, pese a haber 11 empresas inscriptas y que varias tenían preparada la documentación, sólo se haya presentado una oferta», afirmó Adorni.
Intereses
El vocero presidencial también señaló que durante el procedimiento, sectores de la política, medios y empresarios hicieron lobby en favor de sus propios intereses y demandaron que el Gobierno bajara los estándares técnicos del pliego. «Se nos acusó de direccionamiento en favor de Jan de Nul, actual dragadora que no presentó ofertas, de ser muy exigentes, de negocios incompatibles, corrupción entre otras falsas acusaciones», indicó Adorni.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ahora tiene la tarea de investigar si DEME ejerció presiones sobre otras empresas interesadas en la licitación o si hubo una asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos. Adorni subrayó que la investigación busca aclarar los acontecimientos ocurridos durante el proceso de licitación y establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude.
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